El ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, ha dicho hoy que España tiene la obligación de defender su frontera, que "va íntimamente ligada a la idea de soberanía", en respuesta a Izquierda Plural, a la que ha dicho: "Espero que no esté diciendo que hay que renunciar a la españolidad de Ceuta y Melilla".
Jorge Fernández Díaz ha contestado en el Congreso a una pregunta del diputado de la Izquierda Plural Ricardo Sixto sobre "si ha previsto el Gobierno retirar la legalización de las devoluciones en caliente ante las críticas internacionales y nacionales".
El ministro ha señalado que el grupo parlamentario popular va a mantener la enmienda que ha incluido al proyecto de ley orgánica de protección de la seguridad ciudadana relativa a dar más seguridad jurídica si cabe al concepto operativo de rechazo en frontera que la Guardia Civil efectúa en los perímetros fronterizos de Ceuta y Melilla.
Ha añadido que el tratado de funcionamiento de la Unión Europea establece que las políticas de control de fronteras, asilo e inmigración se entenderán sin perjuicio del ejercicio de la responsabilidad que incumbe a los estados miembros en cuanto al mantenimiento del orden público y la salvaguarda de la seguridad interior.
Fernández Díaz ha aclarado que hasta el 16 de noviembre solo en Melilla entraron 4.669 inmigrantes irregulares, de los que únicamente 75 pidieron asilo o protección internacional.
Ha explicado que ello quiere decir que los que pretenden entrar "de manera violenta y grupal" a través de los perímetros fronterizos de Ceuta y Melilla en su inmensa mayoría son inmigrantes por razones económicas o sociales y no quieren solicitar asilo o protección internacional.
En este sentido, ha indicado que se está desarrollando un proyecto con una importante inversión presupuestaria y en medios materiales y humanos para que antes del próximo mes de marzo puedan solicitar esa protección los que lo deseen.
Por su parte, Ricardo Sixto (Izquierda Plural) ha indicado que desde la Unión Europea (UE) hasta el Defensor del Pueblo, el Consejo General de la Abogacía, asociaciones de jueces y fiscales, la Conferencia Episcopal, Cáritas, Justicia y Paz y juristas de reconocido prestigio han criticado la política de inmigración del Gobierno español.
"Las fronteras de España no son fronteras chicles a su libre albedrío sino fijadas por los tratados internacionales firmados por España y su política incumple la Constitución española porque no permite el derecho de asilo, la convención de Ginebra y el protocolo del estatuto de los refugiados", ha señalado el parlamentario.
Ha agregado que "las expulsiones colectivas que está acometiendo están prohibidas por la UE y el principio de no devolución está recogido en la convención de Ginebra y en la carta de derechos fundamentales de la Unión Europea".
