Antonio Troitiño, etarra excarcelado

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EXCARCELACIÓN DEL ETARRA ANTONIO TROITIÑO

El CGPJ archiva la denuncia de Manos Limpias por la excarcelación de Troitiño

La Comisión Disciplinaria del Consejo General del Poder Judicial ha archivado la denuncia presentada por Manos Limpias contra los jueces de la Audiencia Nacional que acordaron la excarcelación del etarra Antonio Troitiño y posteriormente revocaron esa decisión.

Lo han confirmado fuentes del CGPJ, que han explicado que la Comisión Permanente estudiará la queja de Gómez Benítez a lo largo de la reunión que mantiene esta mañana. La queja presentada por Gómez Benítez tiene relación con unas declaraciones que Conde-Pumpido pronunció la semana pasada criticando las reuniones que el CGPJ estaba manteniendo con los grupos parlamentarios para abordar las reformas procesales que se tramitan en el Congreso.

En el trasfondo del enfrentamiento entre la Fiscalía y el CGPJ están las enmiendas que, según el Ministerio Público, varios grupos parlamentarios están presentando a sugerencia de los jueces para reducir "a la mínima expresión" la posibilidad de presentar recursos contra las decisiones de los magistrados.

Con esas enmiendas, que entre otras normas afectarán a la Ley de Enjuiciamiento Criminal (LECrim), "se destruye la igualdad de armas en los procedimientos judiciales", han asegurado a Efe fuentes fiscales, que señalan que de estar ya en vigor las reformas propuestas hubiera sido imposible recurrir la excarcelación del etarra Antonio Troitiño.

Muchas de estas reformas son defendidas por el PP, que ha registrado un paquete de enmiendas a la Ley de Agilización Procesal que afectan a la LECrim con el objeto de acotar la presentación de recursos a las decisiones judiciales y limitar el papel de la Fiscalía.

Preguntada por esas críticas, la portavoz del Consejo, Gabriela Bravo, negó ayer que el CGPJ tenga la pretensión de convertirse en legislador y reiteró el compromiso del órgano de gobierno de los jueces con las medidas de agilización procesal, que en su opinión están dirigidas a reducir el índice de litigiosidad de los tribunales.

Bravo defendió, no obstante, la capacidad del CGPJ para proponer reformas diciendo que "como tercer poder del Estado, el judicial ocupa una posición privilegiada para tener una visión sobre la situación de la Justicia española y diagnosticar sus problemas".

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