El juez de la Audiencia Nacional Javier Gómez Bermúdez ha ordenado la apertura de diligencias previas tras la querella criminal presentada el pasado jueves por Izquierda Unida contra empresarios de la construcción y personas que han ocupado cargos de responsabilidad en el PP, como Luis Bárcenas, Federico Trillo, Angel Acebes y Rodrigo Rato, por la presunta contabilidad B del partido.
El magistrado titular del Juzgado central de Instrucción número 3 ha comunicado la decisión al Ministerio Fiscal para que informe sobre la competencia y señala que los hechos "que resultan de las anteriores actuaciones presentan características que hacen presumir la posible existencia de una infracción penal", según informa la coalición.
En el auto remitido a IU comunicando esta decisión, el juez de la Audiencia Nacional ordena el inicio de diligencias --de conformidad con lo dispuesto en el artículo 774 en relación con el artículo 779 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal-- con el fin de determinar "la naturaleza y circunstancias" así como "las personas" que en ellas han intervenido respecto a lo denunciado por la cocalición y el "procedimiento aplicable".
Contra esta resolución cabe recurso de reforma, que deberá interponerse ante su juzgado en el plazo de tres días. Tras esta decisión del magistrado, el abogado y secretario Ejecutivo de Convergencia Político-Social de IU, Enrique Santiago, ha manifestado la "satisfacción" de la coalición.
La querella, elaborada conjuntamente con la Asociación Justicia y Sociedad, la Asociación Libre de Abogados, Ecologistas en Acción y la Federación de los Verdes, se dirige contra los extesoreros del PP Luis Bárcenas y Alvaro Lapuerta, y los que fueran responsables de organización, finanzas y asesoría legal del PP y exministros Angel Acebes, Rodrigo Rato y Federico Trillo, por supuestas comisiones irregulares al PP entre los años 2003 y 2008. De los querellados, Bárcenas, Crespo y García Pozuelo están ya imputados en la investigación sobre la trama 'Gürtel'.
Además, se dirige contra el presidente del Grupo Sando, José Luis Sánchez Domínguez, que presuntamente donó a los populares más un millón de euros; Manuel Contreras Caro, presidente de Azvy, donante de 858.000 euros; Juan Manuel Villar Mir, ex presidente de OHL, que pagó más de medio millón de euros; Luis de Rivero, ex presidente Sacyr Vallehermoso, donante de medio millón euros; Alfonso García Pozuelo, de construcciones Hispánica, que pagó entre 250.000 y 300.000 euros; Juan Manuel Fernández, de Aldesa, también donante de entre 250.000 y 300.000 euros; José Mayor Oreja, de Construcciones de Fomento y Contratas, que pagó al menos 165.000 euros; Antonio Vilella, de Construcciones Rubau, que donó al menos 100.000 euros; Adolfo Sánchez, que habría pagado 98.500 euros.
A todos ellos les atribuyen los delitos de alteración de precios de concursos y subastas públicas, receptación y blanqueo de capitales, cohecho, prevaricación, tráfico de influencias, delitos contra la hacienda pública, fraude y exacciones ilegales, encubrimiento, falsedad y apropiación indebida de fondos electorales y asociación ilícita.
Entre otras diligencias, los querellantes piden llamar a declarar como testigos al presidente del Senado, Pío García Escudero; a Santiago Abascal, miembro de las Juntas Generales de Alava en representación del PP; al ex consejero de Salud de Navarra Calixto Ayesa; al ex diputado 'popular' Jaime Ignacio del Burgo; al diputado del PP Eugenio Nasarre y al ex presidente de Baleares Jaume Matas.
Asimismo, se solicita que la Tesorería General de la Seguridad Social aporte la vida laboral e historia de bases de cotizaciones de Luis Bárcenas entre los años 2009 y 2013; que el Tribunal de Cuentas envíe "copia auténtica" de las cuentas presentadas e ingresos declarados por el PP entre 1990 y 2009; así como que se requiera "urgentemente" a Fiscalía Anticorrupción "la integridad de los documentos y diligencias que haya practicado en su procedimiento".
