La Audiencia archiva la investigación contra los jueces que excarcelaron a Troitiño

El presidente de la Audiencia Nacional, Angel Juanes, ha archivado la investigación interna que abrió la semana pasada contra los tres magistrados de la Sección Tercera de la Sala de lo Penal que excarcelaron al etarra Antonio Troitiño, al haberse presentado una denuncia por los mismos hechos ante el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), informaron fuentes jurídicas. 

Juanes abrió un expediente de información previa para esclarecer la decisión judicial adoptada por el presidente del tribunal, Alfonso Guevara, y los magistrados Guillermo Ruiz Polanco y Angeles Barreiro, aunque lo ha archivado este lunes sin ordenar ningún tipo de diligencia. 

Según las citadas fuentes, el presidente de la Audiencia Nacional solicitó a la Sección Tercera de la Sala de lo Penal que le informara verbalmente de lo ocurrido siguiendo el procedimiento que se considera "habitual" para este tipo de casos. 

De esta forma, Juanes ha archivado la investigación interna al comprobar que los hechos objeto de análisis ya han llegado al órgano de gobierno de los jueces, al que correspondería la aplicación de medidas disciplinarias contra los tres magistrados si se advirtiera que han cometido alguna falta en el cumplimiento de sus deberes judiciales. 

En el escrito de denuncia de Manos Limpias, al que ha tenido acceso Europa Press, el sindicato de funcionarios señala que Guevara, Ruiz Polanco y Barreiro habrían incurrido con su actuación en una falta muy grave prevista ene l artículo 417.14 de la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ) por "ignorancia inexcusable en el cumplimiento de los deberes judiciales", aunque también consideran evidente que se ha producido "negligencia e imprudencia grave" y "una vulneración del principio de seguridad jurídica".

Sobre este último aspecto, el escrito critica que el tribunal rectificara su decisión de excarcelar a Troitiño tan sólo seis días después de dejarle en libertad, lo que, a su juicio, produce la certeza de que en un Estado de Derecho este principio básico "ha sido trasgredido presuntamente por aquéllos que deben ser los máximos gratnes del ordenamiento jurídico".