El ministro de Economía y Competitividad, Luis de Guindos, se estrenará en la UE presentando la candidatura de Antonio Sáiz de Vicuña, director de los servicios jurídicos del BCE, para sustituir a José Manuel González Páramo en el comité ejecutivo de la entidad cuando termine su mandato en mayo.
Según la tradición, los grandes Estados de la eurozona -Alemania, Francia, España e Italia- tienen garantizados cuatro de los seis puestos del comité ejecutivo. Sin embargo, los pequeños países con máxima nota de solvencia 'triple A', liderados por Países Bajos, han desafiado esta convención y no quieren que España renueve esta vez su puesto alegando que dos Estados del sur, Italia y Portugal, ocupan ya la presidencia y vicepresidencia del BCE.
El presidente francés, Nicolas Sarkozy, ha dicho que apoyará a España. De Guindos podría explicar también a sus colegas las medidas de ajuste aprobadas hasta ahora por el nuevo Gobierno, por valor de 15.000 millones de euros, y sus planes sobre la reforma laboral y del sistema financiero, consideradas prioritarias por Bruselas, según han explicado fuentes diplomáticas.
La Comisión Europea ya ha dicho que estas medidas van en la buena dirección, pero ha exigido más ajustes y reformas para garantizar que el déficit se reduzca desde el 8% en 2011 hasta el 4,4% este año. El ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, ha dejado claro que será muy difícil cumplir esta meta y ha dado a entender que buscará renegociarla con la UE.
El último borrador del Tratado de disciplina fiscal que discutirán los ministros de Economía endurece las versiones anteriores, ya que prevé que el Tribunal de Justicia pueda imponer multas de hasta el 0,1% del PIB a los países que no incorporen correctamente a su legislación nacional la 'regla de oro' de equilibrio presupuestario. Pero todavía quedan varios escollos para alcanzar un acuerdo, y algunos de ellos, de carácter más político, se dejarán seguramente en manos de los jefes de Estado y de Gobierno, según las fuentes consultadas.
En particular, todavía no hay acuerdo sobre a qué nivel hay que incluir la 'regla de oro', que limitará el déficit a un máximo del 0,5% del PIB, en las legislaciones nacionales de los Estados miembros. Alemania defiende que sea en la Constitución, como ha hecho España, pero otros países como Irlanda o Dinamarca piden más flexibilidad para evitar tener que celebrar referendos.
