El Consejo de Ministros ha visto este viernes dos anteproyectos de ley que contemplan medidas de apoyo a los autónomos y a la economía social y una nueva regulación de las sociedades laborales. Se trata de más incentivos para los autónomos y de la ampliación a todos los grupos de edad de la compatibilización del cobro de la prestación con el inicio de una actividad emprendedora durante un máximo de nueve meses.
También se abre a todos los autónomos, independientemente de su edad, la posibilidad de capitalizar en un pago único hasta el cien por cien de la prestación por desempleo. Además, este anteproyecto incluye nuevas bonificaciones para empresas de economía social con el fin de facilitar la creación de empleo y facilitar la inserción de personas con dificultades o en riesgo de exclusión. Del mismo modo, se extiende la tarifa plana para autónomos a aquellos que contraten a otro trabajador y se introducen facilidades para contratar interinos en caso de maternidad o conciliación de vida familiar y laboral con una bonificación de hasta el 100%.
En cuánto a las sociedades laborales participativas, el Consejo de Ministros ha estudiado una nueva regulación que sustituya a la anterior ley, al objeto de actualizar la norma y adaptarla a la realidad económica actual.
El Consejo de Ministros también ha dado luz verde a la estrategia de seguridad y salud en el empleo, aprobada el 7 de abril en el pleno de la Comisión Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo, órgano asesor de las Administraciones Públicas en la formulación de las políticas de prevención y de participación institucional en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo.
Del mismo modo, el Gobierno también ha aprobado un proyecto de ley para localizar y devolver bienes culturales a sus países de orígen y se permite el uso de información del sector público por parte de particulares en bibliotecas y archivo. Asimismo, se ha dado el sí definitivo a la norma que impide que la Administración pida varias veces el mismo documento. Se hará un seguimiento de esta segunda ley, cuyos datos se enviarán a la Comisión Europea cada tres años.
y otrro proyecto de Ley de Cooperación Jurídica Internacional para facilitar la cooperación judicial civil entre países, como estaba pendiente desde 2007, según ha señalado la vicepresidenta Soraya Sáen de Santamaría en la rueda de prensa posterior a la reunión.
