Santos Cerdán
El portavoz de los jueces conservadores, sobre supuestas presiones: "No obedecemos órdenes políticas"
Un juez conservador y otro progresista analizan cuál es el posible futuro judicial de Santos Cerdán.

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Santos Cerdán está citado a declarar, de momento voluntariamente aunque acompañado de abogado, por el Tribunal Supremo en el llamado "caso Koldo/Ábalos". La fecha señalada por el magistrado Leopoldo Puente es el próximo 25 de junio. El juez le ofrece la posibilidad de declarar voluntariamente porque, tal como menciona en su auto, Santos Cerdán es "aforado" por su condición de diputado y por tanto no podría citarle obligatoriamente sin antes pedir un suplicatorio al Congreso. Algo que podría cambiar en el momento en que Cerdán formalice su renuncia al acta de diputado. En todo caso, el alto cargo socialista ya ha dejado claro su intención de acudir a esa cita judicial.
Pero, ¿qué ocurrirá en el momento en que Cerdán pierda su aforamiento? Los magistrados consultados en el programa Espejo Público no dejan claro si el caso contra él seguirá en el Tribunal Supremo porque depende de diversas circunstancias. "Hay un acuerdo no jurisdiccional del Tribunal Supremo de 2 de diciembre de 2014 que señala que la situación de aforamiento se mantiene la que hay en el momento de la apertura de juicio oral", recuerda Alejandro González, portavoz de la Asociación Profesional de la Magistratura (APM). "Tendría que examinarse la situación, ver la fecha de la entrega del acta de diputado, los tiempos son esenciales", añade el juez.
¿Se puede fraccionar el caso?
Ese acuerdo del Tribunal Supremo señala que "en las causas con aforados la resolución judicial que acuerda la apertura de juicio oral constituye el momento en que queda fijada definitivamente la competencia del Tribunal de enjuiciamiento aunque con posterioridad a esa fecha se haya perdido la condición de aforado". En este caso, aún falta mucho para dictar una posible apertura de juicio oral en este caso. Las investigaciones contra Santos Cerdán acaban de comenzar. De modo que los jueces deberán examinar su situación en algún momento.
Una posibilidad es el fraccionamiento del caso entre dos tribunales diferentes. De hecho, en toda la causa judicial del llamado "caso Koldo", una parte de las investigaciones las lleva la Audiencia Nacional y otra parte el Tribunal Supremo, ya que uno de los investigados hasta ahora sigue siendo diputado, el exministro José Luis Ábalos. "La posibilidad del fraccionamiento la establece la jurisprudencia del Tribunal Supremo-, señala Ignacio González Vega, de Juezas y Jueces por la Democracia. "Cuando el hecho es inescindible con el investigado que esté llevando el Tribunal Supremo, la causa debería llevarla el magistrado instructor del Supremo; pero si no es inescindible, en ese caso va al juez natural con el resto de investigados, como por ejemplo Koldo García, y el competente sería el Juzgado Central de Instrucción número 2 de la Audiencia Nacional", añade el magistrado.
Posible organización criminal
En este caso, además de cohecho, otro posible delito que se investiga es el de organización criminal, lo que podría llevar a los jueces a optar por investigar a todos los posibles imputados en una misma causa. Es lo que ocurrió, por ejemplo, en el juicio por el "procès" independentista de Cataluña, donde no todos los condenados por el Tribunal Supremo eran aforados.
Óscar López, ministro del Gobierno de Pedro Sánchez, aseguraba este mismo viernes en una entrevista que "ha habido pronunciamientos y autos judiciales muy dudosos y muy sospechosos". "No actuamos conforme a criterios políticos, que es un poco lo que quiere deslizar el ministro, dejando caer que nosotros obedecemos órdenes políticas", responde Alejandro González, portavoz de la conservadora Asociación Profesional de la Magistratura. Y añade: "Nosotros no obedecemos ningún tipo de orden de ninguna naturaleza, actuamos con plena independencia y lo hacemos conforme a los indicios; puede no gustarle habitualmente a la gente a la que afectamos, pero para eso hay un régimen de recursos que garantiza todos los derechos de cualquier ciudadano", sentencia Alejandro González.
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