Beatriz de Vicente critica la legislación española y defiende a la empresa del hotel okupado en Tenerife: "Europa nos mira con la boca abierta"

Espejo Público comentaba la situación del Gran Hotel Callao Salvaje, situado en el municipio tinerfeño de Adeje, que lleva 4 meses sufriendo de okupación. Un hotel de lujo destrozado y cuyas habitaciones, restaurante, recepción e, incluso, la sala de basuras, se han convertido en el hogar de más de 300 personas. La justicia todavía no ha dado una solución al problema, y los vecinos denuncian la situación y el miedo que están viviendo. Ahora todavía más, desde que una organización criminal está aprovechando la vulnerabilidad de aquellos que se encuentran sin vivienda.

La empresa "desesperada"

Margarita Domínguez, administradora de la empresa propietaria del hotel okupado, hablaba ante las cámaras pero sin mostrar la cara: "Es una isla muy pequeña y no estamos hablando de una simple ocupación sino de una mafia que alquila habitaciones y hace negocio ilegal". La mujer mostraba su desesperación y explicaba que ni los propios okupas se sienten seguros allí. Asimismo, manifestaba que ha intentando poner solución y "gastar todas las bazas posibles", pero hasta el momento no se ha sentido apoyada: "Fui al pleno del ayuntamiento de Adeje (…) Pero lo único que conseguí es que el ayuntamiento me dijera que estaban pensando personarse ellos".

La administradora confesaba que no entiende cómo "el juez no ve indicios de criminalidad" en la situación, y denunciaba el principal daño que les está generando todo esto: el perjuicio económico. "No podemos vender el hotel pero tenemos que seguir asumiendo gastos increíbles", decía angustiada.

¿Por qué la autoridad no responde?

La abogada Beatriz de Vicente también opinaba: "Es absolutamente vergonzoso". Por este motivo, pedía efusivamente al Ayuntamiento de Tenerife, a la Fiscalía y a las autoridades de la isla que tomen medidas y no dejen desamparados a los afectados. Y, en relación a ello, la colaboradora explicaba el motivo por el que considera que está ocurriendo está falta de respuesta: "Probablemente las autoridades están pensando que un problema con 300 personas (…) es más cómodo tenerlo dentro de su hotel que en la localidad".

En Europa no darían crédito

Beatriz concluía indicando las dos principales dificultades a las que se enfrenta la empresa. Por un lado, "como no era morada no se entiende que es un delito de usurpación". Por otro, "ella no puede denunciar por daños porque no conoce la identidad de ninguna de esas personas". Algo que le llevaba a hacer una última crítica: "No podemos tener una legislación en la que una persona con una propiedad okupada este pagando los gastos. Europa nos mira con la boca abierta porque es de alucinar".

¿Existe alguna alternativa?

Jasiel París, politólogo y también colaborador, preguntaba a Margarita si habían planteado alguna alternativa a los okupas, y le proponía que les diese la opción de habitar su hotel de forma organizada. Sin embargo, la mujer le indicaba que esto no es posible porque su propiedad no es residencial sino hotelera, y el cambio supondría una gran inversión económica que no pueden asumir. Además, el ayuntamiento tendría que dar los permisos pertinentes.

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