Siete años de cárcel para dos docentes por humillar a sus alumnos con síndrome de Down en Pozuelo: "Me dan ganas de matarte"

Un juzgado ha dictado sentencia este lunes a una profesora de pedagogía terapéutica y a una auxiliar técnica de educación a siete años de cárcel por insultar y humillar a siete niños con síndrome de Down por hablarles con "tono despectivo" y "amenazante".

Todo ello, ocurrió en 2019 en un colegio de Educación Especial en Pozuelo de Alarcón (Madrid) donde trabajaban estas dos educadoras. Los menores, de entre 7 y 12 años, recibieron insultos y amenazas como "me dan ganas de matarte" así como "bobos", "atontados" o "gilipollas".

A este listado de agravios, se suman otros como "estás bobo, estás atontado tío", "¿te haces el tonto del culo?, pues más tonta del culo voy a ser yo contigo, te voy a amargar la vida", "que me importa un pito que llores, un pito y medio"; "deja de hacer bobadas" o "qué ganas tengo de darle una hostia un día".

También consta que los alumnos sufrieron un empeoramiento de sus capacidades intelectuales y actitudes negativasa la asistencia escolar. Además, una de ellas padeció de un retroceso en sus habilidades lectoras y escritas, ansiedad y actitud retraída y poco dispuesta al diálogo.

Según expresa la sentencia del Juzgado de lo Penal 1 de Madrid, todos estos calificativos fueron dirigidos a los menores entre enero y marzo de 2019, cuando las docentes trabajaban en el colegio concertado de Educación Especial Fundación Gil Gayarrre.

Inhabilitadas e indemnizaciones de 5.000 euros

La sentencia se ha resuelto con la condena por siete delitos contra la integridad moral (una por cada víctima) con la agravante por razón de la discapacidad de los menores. A su vez, a las educadoras se les han inhabilitado su ejercicio a la docencia de menores o personas con discapacidad intelectual, también se les ha prohibido acercarse a los menores a menos de 500 metros durante dos años y una indemnización de 5.000 eurosa tres de ellos.

Una grabadora en un oso de peluche, el detonante del caso

Una grabadora que los padres colocaron en un oso de peluche fue la que abrió el caso. Los padres de una de las víctimas depositaron esta grabadora en un peluche y a su vez, la colgaron en su mochila, ya que sospechaban que su hija podría estar sufriendo "algún problema".

La defensa alegó que estas grabaciones se obtuvieron de forma ilícita, pero la jueza del caso afirmó que los padres tenían la facultad de consentir estas grabaciones, apelando a que "era el único medio de investigación para conocer lo que estaba ocurriendo".

Por su parte, la sentencia obliga a la Fundación Gil Gayarre que responda con "con carácter subsidiario, de las cantidades acordadas como indemnización civil a favor de cada uno de los menores" afirma su responsabilidad civil, expresando que no se puede eximir de la elaboración de planes y manuales de prevención de delitos. Además, no creen que la fundación no tuviera conocimiento de los hechos.

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