Ocho detenidos y un imputado en Castilla y León por compartir archivos de pornografía infantil

Agentes del Cuerpo Nacional de Policía han detenido a ocho personas, una de las cuales ha ingresado en prisión, y han imputado a una novena en una operación contra el uso, tenencia y distribución de archivos con contenidos de pornografía infantil desarrollada en cinco provincias de Castilla y León.

La operación ha supuesto diez registros domiciliarios en las provincias de Valladolid (cuatro), Burgos (tres), Segovia, Avila y Salamanca (uno en cada caso) en los que se han incautado 31 discos duros, 920 soportes ópticos y ocho ordenadores que almacenaban miles de archivos con contenido sexual explícito en el que aparecen menores.

Las investigaciones correspondientes a esta operación, que ha coordinado el Juzgado de Instrucción número 2 de Valladolid, se iniciaron en octubre de 2014 como consecuencia del trabajo de 'ciberpatrullaje' que realizan en Internet agentes especializados del Cuerpo Nacional de Policía, concretamente de la Brigada de Investigación Tecnológica de la Comisaría General de Policía Judicial de Madrid, y posteriormente se remitió a la Policía Judicial de Valladolid y a los agentes especialistas en la materia de las comisarías de Castilla y León.

Así lo ha explicado el delegado del Gobierno en Castilla y León, Juan Carlos Suárez-Quiñones, quien ha ofrecido detalles de la operación junto al subdelegado en Valladolid, Jorge Llorente Cachorro, y responsables policiales, entre ellos el jefe superior de Policía de Castilla y León, Manuel Javier Peña; el comisario provincial de Valladolid, Francisco López Canedo; y responsables de la Brigada de Investigación Tecnológica como el inspector jefe Luis García, de la Sección de Explotación Sexual de Menores en Internet.

La operación, una de las más importantes de los últimos años llevada a cabo contra la pornografía infantil en Castilla y León, se ha saldado con la detención de ocho hombres de entre 30 y 50 años de diversas profesiones --desempleados, comerciales, guardia de seguridad, administrativo-- que intercambiaban y descargaban archivos a través de redes 'peer to peer' e incluso utilizaba programas "economizadores" y "anonimizadores" que permiten navegar de forma anónima, aunque los especialistas de la Policía han "saltado" estas barreras para lograr su detención.

Así, tras varios meses de rastreo, se han detectado varias direcciones IP (etiqueta numérica que permite identificar dispositivos conectados a Internet) en localidades de Castilla y León desde las que se habían compartido cantidades significativas de archivos con material pedófilo, lo que ha permitido los registros y las detenciones.

GRABABA A SUS SOBRINOS
Entre los ocho detenidos se encuentra una persona residente en Segovia que además de intercambiar y descargar archivos realizaba tareas de producción y edición de vídeos que grababa a cuatro menores de su entorno, concretamente sobrinos, cuando se encontraban dormidos, aunque no se han observado abusos físicos o sexuales.

Además, este hombre de unos 50 años, contaba con imágenes en papel para su visualización y se le han incautado 13 discos duros. A este respecto, el delegado del Gobierno ha indicado que estas pruebas indican un "peligro" de agresión y un "riesgo altísimo" de que estas personas pudieran a pasar a tener comportamientos sexualmente activos.

Las imágenes, "de extrema dureza", muestran desde bebés, incluso en ocasiones maniatados y amordazados, hasta adolescentes y ahora se trata de identificar a todas las víctimas, para lo que se lleva a cabo un estudio integral de toda la información que hay, ha indicado el inspector jefe García.

Fuentes policiales han señalado que algunos de los arrestados eran especialmente meticulosos a la hora de clasificar el material pedófilo y reseñaban un pequeño resumen del contenido en el que figuraban sus preferencias para facilitar una búsqueda posterior, a lo que se suma el uso de programas para borrar su rastro.

En este sentido, Suárez-Quiñones ha incidido en que la capacidad de la Policía llega hasta los "metadatos" de estas imágenes, es decir, que se puede saber la fecha en la han sido tomadas e incluso en ocasiones el lugar.

Especialistas de la Policía han señalado que cada vez hay más programas de ocultación de archivos que utilizan este tipo de delincuentes, pero también herramientas que son cada vez más exactas y permiten ser el "bisturí quirúrgico" para llevar a cabo estas operaciones.

DENUNCIAS QUE "NO CAEN EN BALDE"
Además, el comisario López Canedo ha indicado que la Policía recibe muchas denuncias de ciudadanos respecto a este tipo de delitos "que no caen en balde" porque las brigadas tecnológicas hacen un "rastreo" y posteriormente una labor de investigación, incluso en ocasiones con colaboración internacional para intentar identificar a agresores y víctimas.

El delegado del Gobierno en Castilla y León ha hecho un llamamiento a los padres de los menores para que estén vigilantes dado el hecho de que uno de los detenidos actuaba en el ámbito familiar, pero al mismo tiempo ha señalado que también los grupos de investigación tecnológicos van a estar "vigilantes" y va a ser difícil que este tipo de individuos "oculten su delito".

Suárez-Quiñones también ha recordado que el mero uso personal y almacenaje de este tipo de archivos ya constituye una infracción penal que, además, ve aumentadas las condenas y los castigos en la reforma del Código Penal que entrará en vigor el próximo 1 de julio, al tiempo que habrá más instrumentos "para erradicar" estas conductas contra la libertad sexuales de los menores.

Como anécdota que se ha producido en el marco de esta operación, en uno de los registros ha dado la casualidad de que en el mismo edificio, frente al domicilio de uno de los detenidos, vivía otra persona que había sido arrestada anteriormente por la misma causa, por lo que se llegó a pensar que fuera éste último el que, haciendo uso de la wifi de su vecino, pudiera haber reincidido.