Los padres del niño de ocho años Gabriel Cruz, cuya muerte violenta enjuicia a partir del lunes un jurado popular en Almería, ha demandado "amparo ante las amenazas que la cita judicial" comporta para sus derechos fundamentales como "víctimas de delitos violentos", así como respeto a la "memoria" del menor, y de "la intimidad, el honor e integridad de su familia".
En un escrito "exhaustivamente documentado" y remitido a diversas instituciones, entre ellas el Consejo Audiovisual de Andalucía y la Fundación Europea por las personas desaparecidas QSD Global, solicitan que se "evite" realizar informaciones relativas a los informes forenses relativos a su hijo "que puedan dañar su imagen y ocasionar un dolor enorme a su seres queridos", así como un uso "responsable" de esta.
Patricia Ramírez y Angel Cruz piden, asimismo, según ha informado el CAA, que no se produzcan "interferencias" que pudieran "cuestionar que se trata de un juicio justo y con todas las garantías" ya que cabe recordar que será un tribuna del jurado el que dirima la culpabilidad o no culpabilidad de la única procesada por el crimen, Ana Julia Quezada.
Además invitan a colocar esta imagen en el perfil de whatsApp en recuerdo del pequeño, a quien llamaban 'el pescaíto' por su amor al mundo marino.
Los padres de Gabriel, a quien las acusaciones consideran que Quezada causó lesiones psíquicas y atentó contra su integridad moral por su comportamiento durante los días en los que se prolongó la búsqueda del pequeño en Las Hortichuelas, en Níjar, ha expresado, asimismo, su "preocupación" porque "puedan volver a repetirse" tratamientos "lesivos para con la imagen y memoria" de su hijo como "las que se produjeron tras su desaparición y la detención de su presunta asesina".
Así, hacen un llamamiento "general" a la contención en el tratamiento informativo y reclaman "de forma expresa" medidas en torno a los contenidos de los informes periciales relativos a cómo falleció el menor, "así como los suyos propios por pertenecer al ámbito de la intimidad y de la privacidad".
En su escrito también esperan que la magistrada presidenta del tribunal, Alejandra Dodero, "adopte medidas de protección en los contenidos más sensibles".
Como consecuencia de este escrito, once instituciones han suscrito un pacto ético divulgado en un comunicado por el Consejo Audiovisual de Andalucía (CAA) con "la intención de dar la mejor respuesta posible al amparo solicitado por la familia Cruz Ramírez y de que puedan servir de pauta en situaciones similares futuras".
"La aplicación de este Pacto Etico tiene como objetivo no menoscabar ninguno de los derechos que convergen en el inminente juicio de Almería, y, en cambio, revalidar dos premisas que pasan por que las informaciones no añadan dolor al dolor de la familia de Gabriel y por que no se produzcan interferencias", ha remarcado el órgano.
