Los padres de Julen, el niño de 2 años que murió tras caer el pasado 13 de enero a un profundo pozo en Totalán (Málaga), piden tres años y seis meses de prisión para el dueño del terreno donde estaba el sondeo por homicidio imprudente.
La abogada de la familia, Antonia Barbas, ha explicado que en este caso la negligencia es "extremadamente grave" y lamenta que David Serrano no haya pedido perdón a los progenitores del niño, ya que "solo se ha limitado a acusar al pocero, al equipo de rescate y a los padres a fin de intentar evadir una responsabilidad clara".
En el escrito acusatorio, se señala que en este caso "concurren multitud de infracciones normativas" y se recuerda que la propia Junta de Andalucía le ha abierto expediente por infracción muy grave en materia de seguridad minera.
"Estamos ante una persona que ha prescindido de la observancia de cualquier medida de seguridad, no obtuvo los permisos administrativos reglamentarios para la construcción que acometía", lo que fue "determinante en el resultado producido", se indica en el escrito.
Además "no advirtió o señalizó la presencia del pozo de manera alguna, siendo extremadamente graves los resultados generados por dicha imprudencia, el fallecimiento de un niño de 2 años".
En el escrito acusatorio se subraya que el dueño del terreno no solo no ha pedido perdón a los padres, sino que ha hecho llegar a los progenitores un informe elaborado por el hermano del abogado de la defensa, arquitecto técnico, que describía cómo a Julen le alcanzó una piqueta de hierro y le causó la muerte a golpes "acusándoles de no cuidar de su hijo".
"Cuando fue su falta total de respeto por las normas de seguridad e incluso a la lógica elemental de advertir de la presencia de un peligro real y oculto a simple vista lo que ha desencadenado el fatal desenlace que todos conocemos", se indica en el escrito.
Por todo ello, la letrada de la familia entiende que en este caso hay que tener en cuenta "la gravedad de la acción del acusado, por la acción y por el resultado de la misma, así como su propia conducta".
Para la acusación particular se aprecia una grave conducta omisiva negligente en el acusado, quien, a su juicio, ha infringido las normas de mínimo cuidado con la creación de un previsible riesgo que hubiera evitado si hubiera adoptado las mínimas medidas de precaución previstas por la normativa aplicable.
La Fiscalía malagueña presentó el pasado mes su escrito acusatorio y pide tres años de prisión para el dueño del terreno por los mismos criterios ya que no había señalizado ni advertido la presencia del pozo.
