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Coronavirus

Familias de los fallecidos por coronavirus denuncian a todo el Gobierno ante el Supremo por un delito de homicidio imprudente

Un grupo de abogados ha presentado una denuncia ante el Tribunal Supremo contra todo el Gobierno de Pedro Sánchez en nombre familiares de víctimas del coronavirus por un delito de homicidio imprudente.

En resumen

  • Los 23 miembros del Gobierno sin "presuntos responsables, criminalmente, de un número no determinado aún de delitos de homicidio", según señala la denuncia
  • Estas personas han fallecido "en condiciones ciertamente indignas de un ser humano"

Un grupo de abogados ha denunciado a todo el Gobierno de Pedro Sánchez ante el Tribunal Supremo en nombre de 116 familiares de víctimas del coronavirus por un delito de homicidio imprudente en la gestión de la pandemia.

La querella está dirigida contra los 23 miembros del Ejecutivo "como presuntos responsables, criminalmente, de un número no determinado aún de delitos de homicidio por imprudencia grave", por "haber permitido por acción o por omisión que la extensión de la pandemia, y el virus Sars-Cov-2, hayan acabado con la vida de los familiares".

La denuncia asegura que todas estas personas han fallecido "en condiciones ciertamente indignas de un ser humano" y creen que "se ha debido al vituperable comportamiento y actuaciones de los querellados".

Un toal de 3.268 familias han manifestado su deseo que querellarse hasta el momento, pero solo 116 se han personado ya que, las restantes "no han podido obtener, hasta el momento", el Certificado Médico de Defunción, necesario para acreditar la muerte de sus familiares y sus causas y así interponer la acción penal.

Los familiares de las víctimas del coronavirus denuncian al Gobierno en pleno por su "irresponsable y negligente inacción", por su "actuación tardía y nefasta" y por "la negligencia de sus actos y omisiones para conseguir frenar, reducir y paliar en toda la nación los efectos de la epidemia" desde que tuvieron conocimiento de su existencia en el pasado mes de enero.

"El Gobierno decidió anteponer sus intereses por encima de la salud de las personas" cuando "a finales de febrero y primera semana de marzo se celebraron multitud de concentraciones y manifestaciones, y la vida ciudadana continuó de manera habitual, sin que la gran mayoría de los ciudadanos españoles tuvieran conciencia del riesgo que corrían, algo que el Gobierno sí conocía", denuncian.

En su denuncia hacen referencia a las concentraciones de organizaciones agrarias y a las manifestaciones del 8M, Día Internacional de la Mujer, "fomentadas activa y públicamente por varias de las querelladas", como la vicepresidenta Carmen Calvo y las ministras Irene Montero, Carolina Darías e Isabel Celaá. También mencionan el acto que Vox convocó un acto en Madrid, quienes no "recibieron advertencia alguna por parte del Gobierno".

No fue hasta el 12 de marzo cuando "arrollados ya por los acontecimientos, y sin duda con mucho retraso", adoptaron las primeras medidas con la declaración del estado de alarma, algo que "resulta inconcebible" pues "en apenas una semana", tan sólo 6 días después del 8M, se pasó de poder hacer una vida normal a una situación extrema de confinamiento de la población en sus casas.

En la denuncia aseguran que todo esto ha llegado a España a ser líder mundial del número de víctimas mortales y contagiados en proporción al número de habitantes, y también a la cabeza mundial en cuanto a número de sanitarios contagiados por coronavirus.

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