Perú

Trasladan a Pedro Castillo a la misma cárcel que Fujimori mientras la Fiscalía busca pruebas de rebelión

El expresidente de Perú, Pedro Castillo, fue detenido tras intentar dar un autogolpe de estado. Se encontrará en prisión con el también expresidente Alberto Fuijimori.

El expresidente de Perú, Pedro Castillo, durante su traslado policial

El expresidente de Perú, Pedro Castillo, durante su traslado policialEFE

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El expresidente de Perú, Pedro Castillo, ya ha sido trasladado a la cárcel después de que este miércoles intentara dar un autogolpe de Estado. Según informa la prensa peruana, Castillo fue trasladado en helicóptero hasta la cárcel de Barbadillo, donde también se encuentra el expresidente Fujimori. La Fiscalía sigue recabando pruebas para el proceso por rebelión.

Antes de llegar a dicho penal, Castillo estuvo varias horas en la sede de la Prefectura en Lima. Incluso, se temió que pudiera escapar del país lo que provocó que se intentara bloquear el acceso a la Embajada de México, donde el expresidente se dirigía con su familia, para que no pudiera pedir asilo en ese país.

En este centro, Pedro Castillo estará durante, al menos, las próximas 48 horas. Se da la coincidencia de que Alberto Fujimori, expresidente de Perú, y condenado a 25 años de prisión está también cumpliendo su condena en este centro.

La Fiscalía busca pruebas

Mientras tanto, la Fiscalía busca pruebas. Castillo será procesado por rebelión y conspiración y, de acuerdo a la publicación en Twitter del Ministerio Público, estas acciones forman parte de un operativo para "recabar elementos de convicción respecto a la investigación que se le sigue al expresidente".

La Fiscalía busca en el Palacio del Gobierno "documentos y algunos equipos de cómputo, como parte de la investigación". Mientras continúan las investigaciones se ha instaurado un "gobierno de emergencia" que ha asumido Dina Boluarte. Hasta ahora, son 7 las diligencias abiertas contra Pedro Castillo, a la rebelión se le unen otros cargos como encabezar una supuesta organización criminal durante su mandato para obtener dinero ilícito de licitaciones fraudulentas de obras públicas.

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