Un hombre, en una cárcel de máxima seguridad 16 años después de acabar su condena

Luke Ings, un joven fue encarcelado a los 17 años bajo una controvertida sentencia de prisión para protección pública (IPP), sigue atrapado en prisión 18 años después de haber cumplido su condena original. Su madre, Samantha Ings, de 57 años, ha expresado su desesperación y angustia al ver cómo su hijo, ahora de 36 años, continúa detenido en la prisión de máxima seguridad HMP Wakefield, donde comparte espacio con algunos de los criminales más peligrosos del país.

Ings fue condenado a 18 meses de prisión en 2005 por un robo y una pelea en un restaurante de McDonald's, pero su sentencia de IPP, diseñada para aquellos considerados peligrosos para el público, no le ha permitido una liberación. Aunque estas penas fueron abolidas en 2012 por preocupaciones de derechos humanos, no se aplicaron retroactivamente, lo que ha dejado a casi 3.000 personas en la misma situación que Luke, sin una fecha de liberación clara.

Samantha teme por la vida de su hijo. "Está mal, tienen que resolver esto", dijo Samantha al diario 'The Independent'. "Entiendo que las penas deban ser severas para asesinos o violadores, pero mi hijo tenía solo 17 años y su crimen fue una pelea en un McDonald's y un robo. Mi madre había muerto dos semanas antes y Luke perdió el control".

A pesar de las reiteradas solicitudes para su liberación, la familia Ings ha sido testigo de cómo las juntas de libertad condicional continúan negando la salida de Luke, a pesar de que en una ocasión ya se había reservado un lugar en un albergue para él. Samantha sostiene que su hijo se ha transformado tras casi dos décadas en prisión, pasando de ser un joven seguro y educado a un hombre nervioso y retraído.

La frustración de la familia también radica en que otros prisioneros están siendo liberados bajo el plan SDS40 del gobierno, que permite a ciertos presos salir tras cumplir el 40% de su sentencia para aliviar el hacinamiento carcelario. Sin embargo, este plan no incluye a los presos bajo la sentencia de IPP, lo que Samantha calificó como una "bofetada en la cara".

El impacto en la familia Ings ha sido devastador. La hermana menor de Luke, Millie, tenía solo siete meses cuando él fue encarcelado, y Samantha guarda aún la ropa de su hijo con la esperanza de que algún día regrese a casa. "Es muy injusto que mi hija se haya perdido 20 años de su hermano", lamentó. “Es como si nuestra familia no estuviera completa”.

El caso de Luke no es único. Al menos 90 presos del IPP se han quitado la vida al perder la esperanza de ser liberados, y otros 30 suicidios han ocurrido entre aquellos que viven bajo estrictas condiciones de licencia. Activistas y políticos han alzado la voz en contra de esta situación. Lord Woodley ha calificado estas sentencias como "penas de tortura" y ha pedido una votación en la Cámara de los Lores para volver a condenar a los prisioneros del IPP.

El Ministerio de Justicia, por su parte, ha afirmado que sigue trabajando para apoyar a los presos bajo IPP, mejorando su acceso a programas de rehabilitación y salud mental. Sin embargo, para familias como los Ings, la falta de acciones concretas es un recordatorio diario de una batalla que parece no tener fin.

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