Certificado covid
Francia obliga a tener el certificado covid a todos los empleados en contacto con público
Esta medida afecta a 1.800.000 trabajadores entre los que se incluyen los empleados de los establecimientos públicos o privados que trabajen de cara a los clientes.
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Francia obliga desde este lunes 30 de agosto a tener el certificado covid a todos aquellos trabajadores que estén en contacto con público. Esta medida afecta a cerca de 1.800.000 trabajadores, entre los que se incluyen los empleados de los establecimientos públicos o privados que trabajen de cara a los clientes.
En base a estas condiciones, se les exige poseer este certificado covid a los camareros, pero no a los cocineros, por ejemplo. De esta manera, sólo podrán trabajar aquellos que tengan el pasaporte covid, la pauta completa de la vacuna, que hayan presentado un test negativo no posterior a las 72 horas o que hayan superado la enfermedad en los últimos seis meses.
Todo aquel empresario o responsable de cualquier administración que no se asegure de que sus trabajadores poseen este certificado se enfrentará a un año de prisión y una multa de 9.000 euros.
Evitar contagios
Esta medida es obligatoria desde julio, pero a partir de este lunes 30 de agosto es obligatorio para poder continuar trabajando. El objetivo que se plantea con este certificado covid es reducir contagios y evitar cerrar este tipo de establecimientos como ya pasó en anteriores olas de coronavirus.
Francia no plantea por ahora la posibilidad de extender la obligatoriedad de tener este certificado covid para todo el conjunto de los trabajadores y por ahora se va a exigir a aquellos que trabajen en contacto con el público.
Un año de prisión y multas de 9.000 euros
Los trabajadores deben tener el pasaporte covid o bien la pauta completa de la vacuna contra el coronavirus, un test negativo en las últimas 72 horas o haber superado la enfermedad en los últimos seis meses para poder seguir trabajando.
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Es labor del empresario o del responsable de la administración correspondiente velar porque sus trabajadores cumplan con esta certificación y en caso de no cumplirse se exponen a penas de un año de prisión y multas de hasta 9.000 euros.
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