La portavoz de UDC, Marta Llorens, ha pedido disculpas por el caso Pallerols pero ha descartado dimisiones en la dirección del partido porque éste "desconocía" los hechos, de manera que los beneficios que UDC recibió llegaron "sin conocimiento" de la cúpula de la formación.
De este modo, UDC devolverá estos fondos -a través de un crédito a repartir entre las distintas partes afectadas- al asumir así la "responsabilidad civil" derivada de que algunos dirigentes de Unió, ahora apartados del partido, sí cometieron "actos ilícitos" con los que financiaron mobiliario y alquiler de sedes, sin "conocimiento en ningún momento" de la dirección.
Llorens ha subrayado que Unió "no está condenada por financiación irregular", de manera que no se cumple la premisa para que Josep Antoni Duran Lleida cumpla con lo que afirmó en el año 2000, cuando dijo que dimitiría si se demostraba que era responsable de financiación irregular de su partido.
UDC ha emitido asimismo un comunicado de dos páginas en el que subraya su "desconocimiento" de los hechos en todo momento, al tiempo que precisa que si devuelve a la Administración los fondos recibidos es por "responsabilidad civil a título gratuito" -posición legal de quien actuando "de buena fe" y con desconocimiento de los actos ilícitos se beneficia de sus efectos-, y no por responsabilidad penal.
Los democristianos reivindican asimismo que "ningún otro partido ha hecho lo mismo que UDC -asumir esta responsabilidad civil y devolver los fondos- en un caso similar", ha subrayado hoy Llorens, quien ha sido la encargada de leer el comunicado oficial de Unió en una rueda de prensa que ha causado una gran expectación mediática.
UDC aceptó ayer devolver 300.000 euros desviados de subvenciones públicas por la trama del caso Pallerols, en un acuerdo pactado entre acusaciones y defensas, que evita la celebración del juicio y libra a los condenados de entrar en prisión.
Tras semanas de negociación, acusaciones y defensas han llegado a un pacto en el que los procesados por el caso Pallerols, de fraude en ayudas para la formación procedentes de la Unió Europea y entre los que figuraban exaltos cargos y militantes de UDC, han aceptado los hechos de que les acusaba la Fiscalía.
El pacto ha sido posible después de que el ministerio público, que inicialmente pedía para los procesados penas de hasta 11 años de prisión, se haya avenido a rebajar las penas y las indemnizaciones que solicitaba en un principio, parte de las cuales han sido asumidas económicamente por UDC como responsable civil subsidiaria y partícipe a título lucrativo de la trama.
