Las asociaciones dicen que el 75% de los jueces y fiscales secundan la huelga en contra de las reformas del Gobierno

Todo comenzó el pasado 11 de junio, cuando cinco asociaciones convocaron una protesta que duró diez minutos en contra de dos proyectos ley que, según los convocantes, buscaba debilitar el Poder Judicial como contrapeso político, además anunciaron no descartar una huelga. Y han cumplido su palabra al arrancar este martes la huelga de los jueces y fiscales por las reformas anunciadas por el Gobierno para el acceso de ambas carreras. La inactividad de los estos funcionarios se prolongará también al miércoles 2 y jueves 3 de junio. El 75% de los jueces y fiscales secundan la huelga en la primera de las tres jornadas en que está convocada, según han confirmado las cinco asociaciones de las Carreras convocantes.

El Gobierno pretende aprobar dos proyectos de ley, impulsados por el Ministerio de Justicia, para modificar el acceso a la carrera judicial y a la estructura de la Fiscalía. El objetivo de la huelga es que el Ejecutivo retire estas dos reformas legales que están en proceso de tramitación legislativa.

Los convocantes han emitido un comunicado informando a aquellos que acudan a la huelga que "no tienen el deber" de avisar a sus superiores, refiriéndose a la Fiscalía General del Estado y Consejo General del poder Judicial (CGPJ). Asimismo aclara que aquellos que se encuentren de baja o vacaciones no se computará como participantes de esta.

La protesta fue convocada por cinco asociaciones: la Asociación Profesional de la Magistratura (APM), la Asociación Judicial Francisco de Vitoria (AJFV), el Foro Judicial Independiente (FJI), la Asociación de Fiscales (AF) y la Asociación Profesional e Independiente de Fiscales (APIF).

Sanción a los que secunden el paro

El origen del conflicto se remonta a tres medidas impulsadas por el Ministerio de Justicia: la reforma del acceso a la judicatura, la estabilización extraordinaria de jueces sustitutos y la modificación del estatuto fiscal. Los convocantes denuncian que estos cambios "rebajan la excelencia de conocimientos" en las oposiciones y amenazan la independencia judicial, además de advertir que las reformas "no responden a demanda social alguna" y se están tramitando con carácter de urgencia.

El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) acordó por unanimidad que la huelga "carece de carácter normativo", recordando que la legislación vigente no reconoce el derecho de huelga a jueces y magistrados. El Ministerio de Justicia, por su parte, ha solicitado que se sancione económica y disciplinariamente a quienes secunden el paro, descontando de sus salarios los días no trabajados.

Además, el fiscal general ha advertido que no se dispone de medios para garantizar servicios mínimos durante los tres días de huelga, aunque se ha insistido en la necesidad de asegurar actuaciones esenciales que puedan afectar derechos fundamentales de los ciudadanos

Concentración frente al Supremo

El pasado sábado, unas 3.000 personas se concentraron frente al Tribunal Supremo en Madrid, en una manifestación encabezada por los portavoces de las principales asociaciones judiciales y fiscales. Durante el acto, se leyó un comunicado conjunto en el que se reiteró el rechazo a las reformas y se denunció el riesgo de politización de la justicia.

Por su parte, el ministro de Justicia, Félix Bolaños, ha defendido las reformas, asegurando que las críticas son "infundadas" y comparando la situación con la polémica de la la ley de matrimonio igualitario. Bolaños también ha subrayado la profesionalidad e independencia de los jueces sustitutos, frente a las acusaciones de la oposición de que el Gobierno pretende "colar a 900 jueces sin oposición".

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