El Tribunal de Justicia de la UE se pronunciará este jueves sobre el delito de malversación de Puigdemont y la ley de amnistía

El Tribunal Superior de Justicia de la Unión Europea dictaminará sentencia este jueves sobre la ley de amnistía y el delito de malversación del que se acusa al expresidente de la Generalitat de Cataluña, Carles Puigdemont.

Por su parte, el Tribunal Supremo español consideró que el delito de malversación no se incluye en la ley de amnistía. Lo que considere ahora el Tribunal Europeo será trascendental, aunque esta acción no necesariamente será determinante para la situación del prófugo.

El TJUE decidirá el mismo jueves si la amnistía impulsada por España al delito de malversación pone en peligro las finanzas europeas y si el perdón al de terrorismo es compatible con las normas comunitarias. Por lo tanto, la Corte resolverá las cuestiones prejudiciales que le han planteado, por un lado, el Tribunal de Cuentas, sobre la contabilidad de los gastos del procés, en una causa que afecta a los expresidentes catalanes Carles Puigdemont y Artur Mas, y por el otro, la Audiencia Nacional, en relación al delito de terrorismo por el que está juzgando a los Comités de Defensa de la República (CDR).

Sin embargo, la sentencia también condicionará el camino al Tribunal Constitucional, que debe resolver el recurso de amparo que ha presentado Puigdemont contra la decisión del Tribunal Supremo de no amnistiar el delito de malversación, en un fallo que puede ser crucial para su posible retorno a España. La opinión del abogado general El TJUE saldrá a la luz en el último día que ha habilitado para dictar sentencias antes del parón estival, y el fallo está precedido de la opinión que el abogado general de la UE Dean Spielmann compartió el pasado 13 de noviembre, la cual apoyaba los principales puntos de la ley de amnistía.

La independencia de Cataluña no habría condicionado a las finanzas europeas

Spielmann defendió que la independencia de Cataluña no habría condicionado a las finanzas europeas porque la contribución de España al presupuesto comunitario hubiese seguido siendo proporcional a su Renta Nacional Bruta. Además, añadió que no se puede demostrar "un vínculo de conexión directa" entre los gastos del procés y las cuentas de la UE, en parte porque el Tribunal de Cuentas no aportó "ningún elemento que indique que se utilizaran fondos procedentes del presupuesto de la Unión" para promover la secesión de Cataluña.

Tampoco consideró que hubiese ninguna incompatibilidad entre la directiva europea de lucha contra el terrorismo y la ley de amnistía, porque la norma "cumple" con los estándares del Tribunal Europeo de Derechos Humanos y no incluye entre los delitos perdonados los correspondientes al derecho a la vida y a la integridad física.

Spielmann negó además que la ley del olvido que el Congreso de los Diputados aprobó hace dos años sea una "autoamnistía", porque no busca "proteger a un régimen político o a sus representantes frente a posibles actuaciones judiciales", sino "dar respuesta a una situación excepcional con un objetivo declarado de normalización institucional y reconciliación". En cambio, cuestionó los dos meses de plazo que la norma da a los jueces españoles para que decidan si deben aplicar la amnistía en las causas que estén juzgando. Esos aspectos no son vinculantes, pero en la mayoría de los casos que resuelve la justicia europea suelen coincidir con la sentencia final.

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