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¿Es obligatorio formar parte de una mesa electoral?

Ser elegido presidente, vocal o suplente de una mesa electoral no es voluntario. La ley establece sanciones para quienes no se presenten, aunque contempla determinadas circunstancias personales, familiares y laborales que permiten solicitar la exención.

Mesa electoral, imagen de archivo

Mesa electoral, imagen de archivo Europa Press

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Formar parte de una mesa electoral es una obligación legal para los ciudadanos que reciben el nombramiento, aunque existen algunas excepciones que permiten quedar liberado de esta responsabilidad. La Ley Orgánica del Régimen Electoral General (LOREG) establece que tanto los presidentes y vocales como sus respectivos suplentes deben cumplir con las funciones asignadas durante la jornada de votación, salvo que puedan acreditar una causa justificada para no hacerlo.

Por tanto, recibir una notificación para integrar una mesa electoral no significa que se pueda rechazar libremente. La designación se realiza mediante un sorteo público entre las personas incluidas en el censo electoral de la correspondiente mesa que sepan leer y escribir y sean menores de 70 años. En el caso de quien resulte elegido presidente, además, se exige contar con el título de Bachillerato, Formación Profesional de segundo grado o Graduado Escolar, o una titulación equivalente.

Siete días para presentar alegaciones

Una vez recibida la notificación, los ciudadanos designados disponen de un plazo de siete días para presentar ante la Junta Electoral de Zona las alegaciones que consideren oportunas. La solicitud debe ir acompañada de documentación que acredite el motivo por el que no pueden desempeñar el cargo.

La normativa contempla diferentes causas personales, familiares y profesionales. Entre ellas figuran determinadas enfermedades o situaciones de discapacidad que dificulten el ejercicio de las funciones, el embarazo a partir de los seis meses de gestación, la baja maternal y el cuidado de menores de ocho años o de personas dependientes en determinadas circunstancias.

También pueden valorarse situaciones familiares graves, responsabilidades profesionales relacionadas con servicios esenciales o acontecimientos laborales que no puedan ser sustituidos.

La edad es otro supuesto expresamente contemplado: las personas mayores de 65 años pueden renunciar al nombramiento dentro de los siete días siguientes a su recepción, sin necesidad de justificar otra causa.

La Junta Electoral de Zona es la encargada de estudiar cada petición y dispone de cinco días para resolverla. No basta, por tanto, con comunicar que no se desea acudir: es necesario presentar la solicitud y esperar a que sea aceptada.

¿Qué ocurre si no se acude?

Ignorar la notificación o decidir no presentarse el día de las elecciones puede tener consecuencias importantes. El artículo 143 de la LOREG considera delito electoral dejar de acudir a desempeñar las funciones de la mesa, abandonarla sin causa legítima o incumplir injustificadamente las obligaciones relacionadas con la excusa o el aviso previo.

Las sanciones previstas son penas de prisión de tres meses a un año o multas de seis a 24 meses. Estas consecuencias también afectan a los suplentes que hayan sido designados y deban incorporarse a la mesa.

¿Qué derechos tienen los miembros de la mesa?

La obligación de participar lleva aparejados determinados derechos. Los ciudadanos que finalmente desempeñen el cargo tienen derecho a percibir una dieta, a la protección del sistema de la Seguridad Social durante el ejercicio de sus funciones y a una reducción de cinco horas en su jornada laboral del día siguiente, cuando corresponda.

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