ELECCIONES GENERALES
El Supremo mantiene suspendido el voto de 163.355 nacionalizados por la Ley de Nietos
Según ha explicado el magistrado Fernando Portillo en Antena 3 Noticias, la privación de un derecho "puede dar lugar a una indemnización económica".

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El Tribunal Supremo mantiene la suspensión del derecho al voto de 163.355 personas que obtuvieron la nacionalidad española a través de la conocida como Ley de Nietos. Sin embargo, la situación ha generado una escena poco habitual en algunos consulados, donde se han habilitado dos urnas: una para los electores autorizados y otra, transparente y señalizada con las siglas "TS", destinada a recoger las papeletas de los afectados por la medida judicial.
De esta manera, estas personas puede depositar su voto a la espera de conocer si finalmente podrán ejercer su derecho en estas elecciones. No obstante, las papeletas quedarán separadas y su validez dependerá de las decisiones que se adopten posteriormente.
La última resolución del alto tribunal ordena a la Junta Electoral Central y a la Oficina del Censo Electoral, que impidan la inclusión de estas personas en el censo, tanto si residen en el extranjero como si actualmente viven en España. La única excepción afecta a quienes acrediten su condición de descendientes de exiliados mediante una certificación consular. Hasta el momento, 901 personas han presentado esta documentación, aunque podrán sumarse otras que la aporten antes del 29 de noviembre.
La decisión llega después de las alegaciones presentadas por Iustitia Europa y Vox y de un informe del Instituto Nacional de Estadística. Este organismo había detectado que entre los afectados figuraban menores de edad, personas duplicadas y ciudadanos que ya estaban inscritos en el censo electoral antes de la aprobación de la ley.
La gran incógnita ahora es qué sucederá con las papeletas depositadas en la urna separada, si una resolución posterior reconoce el derecho al voto de los afectados.
"Esos miles de votos no van a alterar el resultado de las elecciones"
Según explica el magistrado Fernando Portillo en una entrevista en Antena 3 Noticias, "esos sufragios no podrían modificar los resultados de unas elecciones que ya se habrían celebrado". El jurista señala, además, que la privación de un derecho puede dar lugar a una indemnización económica.
Mientras tanto, el Supremo también ha abierto un plazo de alegaciones sobre el uso de la aplicación MiDNI para acreditar la identidad de los votantes mediante el DNI electrónico, una cuestión que continúa pendiente de valoración judicial.
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