En su exposición durante la primera sesión del juicio a Garzón por un delito de prevaricación, por el que la acusación ejercida por el sindicato ultraderechista Manos Limpias y la asociación Libertad e Identidad piden 20 años de inhabilitación, Martínez-Fresneda ha denunciado las "irregularidades" cometidas durante la instrucción que, a su juicio, han tenido un efecto "devastador" para el juez.
Asimismo, ha reclamado al tribunal que declare la falta de legitimidad de Manos Limpias para acusar a Garzón amparándose en la llamada "doctrina Botín" del alto tribunal, que establece que no se podrá abrir juicio oral si la única acusación es la popular, como en este caso, y no acusa la particular ni la Fiscalía. Respecto a la instrucción, ha considerado que el magistrado del TS Luciano Varela, instructor de la causa abierta tras la querella inicial de Manos Limpias, "vulneró normas esenciales del procedimiento, tomó partido y perdió su imparcialidad".
Martínez-Fresneda ha recordado cómo Varela optó por dar una "segunda oportunidad" a las acusaciones al encontrar defectos en sus escritos de acusación y cómo, en el caso de Manos Limpias, llegó a sugerir la forma en la que debía corregir esos errores, al explicar al sindicato que debía precisar la calificación del delito de prevaricación incluyendo el término "a sabiendas".
El letrado ha pedido además a la sala que, si no anula la causa, acepte escuchar como testigos a varios juristas españoles y extranjeros -cuyo testimonio ha sido rechazado por el Tribunal Supremo- que defienden las mismas tesis que Garzón para que valore "si sus opiniones son razonadas o son pamemas". Por su parte, el abogado de Manos Limpias, Joaquín Ruiz Infante, se ha opuesto a las peticiones de la defensa y ha defendido la legitimidad de la acción popular para acusar cuando se perjudiquen intereses generales.
El fiscal tilda de "insólita e insostenible" la actuación de Luciano Varela
La Fiscalía ha pedido el sobreseimiento de la causa abierta a Baltasar Garzón por declararse competente para investigar los crímenes del franquismo y ha sostenido que la actuación del magistrado del Tribunal Supremo que la instruyó, Luciano Varela, ha sido "absolutamente insólita e insostenible". "No he visto nada igual en 36 años de carrera", ha afirmado el fiscal Luis Navajas en referencia a la providencia en la que, en abril de 2010, Varela dio una "segunda oportunidad" al sindicato ultraderechista Manos Limpias para que subsanara los defectos advertidos en su escrito de acusación, orientándole además sobre cómo hacerlo. Según el fiscal, el magistrado instructor "devolvió el toro a los toriles porque el morlaco (...) no estaba bien presentado para torearse en una plaza de primera", y lo hizo pese a que la ley no se lo permite, ya que sus competencias "no son tan generosas como las de un presidente de plaza".
La providencia, ha añadido Navajas, "transmuta un escrito de acusación que por sí mismo no se salvaba, y el juez colabora y coadyuva a reconstruir lo absolutamente irreconstruible". Aunque la decisión del instructor fue inmediatamente recurrida por Garzón, la sala de lo penal avaló a Varela, según el fiscal "con cierto sarcasmo", ya que su argumento fue que las correcciones iban en beneficio del derecho de defensa. "La única resolución que no hubiese lesionado los intereses del imputado era la exclusión de la acusación y la extinción de la causa", ha sostenido Navajas. El representante de la Fiscalía ha explicado que fue ese aval dado a Varela por la sala lo que decidió al Ministerio Público a respaldar la recusación planteada por Garzón contra los magistrados que firmaron ese auto. Se trataba, ha añadido, de apartarlos del juicio "para evitar el bochornoso espectáculo para el Supremo de que un tribunal internacional de derechos humanos dijera luego que se habían vulnerado los derechos del acusado". "Gracias a Dios, la sala del 61 (que aceptó las recusaciones) nos respaldó", ha concluido Navajas.
El fiscal también ha apoyado la pretensión de la defensa de Garzón de que se le aplique la llamada "doctrina Botín", que impide la apertura de juicio oral a instancias solo de una acusación popular cuando no hay particular y el Ministerio Público no acusa. "La acusación popular es puramente adhesiva, solo tiene facultades si se ve acompañada de acusación particular o del Ministerio Fiscal", ha dicho.
En lo que la Fiscalía no ha respaldado al abogado de Garzón es en su demanda de que se escuche como testigos a juristas españoles y extranjeros que comparten las tesis del acusado. "Son periciales en derecho inadmisibles en el Tribunal Supremo", ha señalado Navajas, que ha recordado que este órgano es el único intérprete de la doctrina jurídica aplicable en España.
