Unión Europea
El Gobierno no convence en Europa: Bruselas aplaza de nuevo la votación para la oficialidad del catalán en la UE
Es la séptima vez que Europa rechaza votar la propuesta del Gobierno por las dudas de algunos países miembros a pesar de que España se ha comprometido a asumir los costes, estimados en 132 millones de euros al año.
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Por séptima vez, el Gobierno debe encajar un nuevo revés a costa de la propuesta para la oficialidad del catalán, el vasco y el gallego. La iniciativa se ha vuelto a debatir este jueves y, tras 45 minutos de tensa reunión, no se han logrado los apoyos necesarios para que se someta a la votación definitiva.
Algunos ministros europeos han mostrado dudas jurídicas y prácticas, sobre su implantación efectiva o sobre cuánto dinero le costaría a la Unión Europea. Sin embargo, el secretario español en la UE, Fernando Sampedro, afirma que el Gobierno ya ha respondido a estas cuestiones. Asegura que España se encargará del coste económico, estimado en 132 millones al año, y pide a los países europeos “no secuestrar o retrasar” la decisión.
Uno de los países más reticentes a votar la propuesta es Luxemburgo. Su ministro de Exteriores, Xavier Bettel, aseguró hoy que "no era el momento": "Hemos necesitado días para acordar las sanciones (a Rusia), todavía no somos capaces de tener decisiones sobre Israel y tener un alto el fuego en Palestina, ¿pero aprobamos el gallego, el euskera y el catalán?".
El Gobierno no tira la toalla
A pesar del revés, el Gobierno no cede en este pulso. El ministro de Exteriores, José Manuel Albares, se ha mostrado optimista y cree que la oficialidad de las lenguas es “cuestión de tiempo”. La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha asegurado que el Gobierno no cesará “hasta que se apruebe” y espera que las relaciones con Junts no se enfríen. Emplaza a los de Puigdemont a que deben ser “conscientes de que, sin duda, el Gobierno está poniendo todo de su parte” para cumplir con el acuerdo al que llegó no solo con Junts, sino con otras formaciones como PNV, ERC o Bildu.
El presidente catalán, Salvador Illa, y el lehendakari, Imanol Pradales, han escrito cartas a los ministros europeos de Exteriores en las que reclaman “justicia lingüística”. No lo ha hecho así, Alfonso Rueda, presidente gallego y barón del Partido Popular, quienes acusan al Gobierno de priorizar este asunto para contentar a sus socios y no perder los apoyos de Junts en el Congreso de los Diputados.
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