El Supremo imputa a Santos Cerdán y a cinco empresarios por el reparto de comisiones en el caso Koldo

El Tribunal Supremo ha dado un nuevo paso en la investigación del caso Koldo, al acordar la imputación formal de Santos Cerdán, ex secretario de Organización del PSOE, y citarle a declarar el próximo 30 de junio en calidad de investigado por los presuntos delitos de organización criminal y cohecho. El magistrado instructor, Leopoldo Puente, también ha autorizado a la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil a examinar el patrimonio del exdirigente socialista, en una investigación que se extiende ahora a un complejo entramado económico.

El auto del Supremo, de 46 páginas, responde a la petición de la defensa de Cerdán, que solicitó el aplazamiento de su declaración inicial prevista para el 25 de junio con el objetivo de poder estudiar el voluminoso sumario. Ahora, su citación será obligatoria, tras perder su aforamiento al abandonar su escaño como diputado en el Congreso.

El Supremo investigará su patrimonio personal

El instructor ha autorizado la investigación de las cuentas bancarias, productos financieros, bienes inmuebles y vehículos en los que Cerdán figure como titular, autorizado o representante. Quedan fuera de este rastreo las cuentas vinculadas al propio PSOE y a la Fundación Pablo Iglesias. La UCO también podrá acceder a la información fiscal del ex dirigente para analizar la evolución de su patrimonio personal.

Entre los indicios ya conocidos figura la adquisición en 2019 de un vehículo Volvo XC60 por 60.000 euros, parte pagado en efectivo, así como un incremento notable de su saldo bancario, que pasó de 9.700 euros a más de 54.000, coincidiendo con el período bajo sospecha de supuestas comisiones ilegales.

Cinco empresarios imputados y más de 500 cuentas bajo la lupa

Además de Cerdán, el Supremo ha imputado a cinco empresarios presuntamente vinculados a la trama de adjudicaciones fraudulentas de obra pública a cambio de pagos ilegales. Entre ellos, Joseba Antxón Alonso Egurrola, administrador de Servinabar, empresa de la que Cerdán tendría el 45% según la escritura privada hallada por la UCO. Esta sociedad habría recibido adjudicaciones por más de 75 millones de euros en contratos públicos, muchos de ellos relacionados con el Gobierno de Navarra.

El juez también apunta a Fernando Merino, exdirectivo de Acciona Construcción, cuya supuesta participación en el reparto de mordidas asciende a 620.000 euros, según las pesquisas. Completan la lista de empresarios imputados los hermanos Antonio y Daniel Fernández Menéndez, vinculados a Obras Públicas y Regadíos (OPR), y José Ruz, relacionado con Levantina Ingeniería y Construcción (LIC), todas ellas empresas situadas en el epicentro de las adjudicaciones irregulares investigadas.

En total, la UCO investigará cerca de 500 cuentas bancarias y solicitará a las entidades financieras información de posibles operaciones sospechosas de blanqueo remitidas al SEPBLAC.

Rechazo, de momento, al registro de su casa y despachos

La acusación popular, ejercida por el Partido Popular, había solicitado la entrada y registro en el domicilio de Cerdán, así como en su despacho en Ferraz y en el Congreso. Sin embargo, el juez ha desestimado la medida al considerarla, por ahora, innecesaria y poco útil: "El eventual riesgo de destrucción de pruebas no se evitaría acordando ahora la diligencia interesada", argumenta el magistrado.

Servinabar, el contrato privado que compromete a Cerdán

El instructor también ha rechazado la petición de la defensa de Cerdán de obtener el original de la escritura de compraventa de participaciones de Servinabar incautada por la UCO en casa de Alonso Egurrola, documento que acredita que Cerdán adquirió el 45% de la empresa en 2016. El juez recuerda que "mal podría cotejarse notarialmente un documento privado", aunque ordena a la UCO aportar una copia del mismo antes de la comparecencia de Cerdán.

El juez considera que existe una conexión directa entre las actuaciones de Cerdán y las decisiones adoptadas bajo el mandato de José Luis Ábalos como ministro de Transportes. Según el instructor, Cerdán habría participado "de consuno con el aforado, en la percepción de premios económicos a cambio de concesiones irregulares de obras públicas", llegando incluso a encargarse de la distribución de las comisiones entre los partícipes.

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