El Supremo decidirá el jueves 27 de noviembre si Ábalos y Koldo entran en prisión

El Tribunal Supremo ha citado para este jueves 27 de noviembre a José Luis Ábalos y a su exasesor Koldo García para celebrar una vista clave en el caso Koldo. Será el juez del Alto Tribunal, Leopoldo Puente, quien escuche a las partes antes de decidir si mantiene las medidas cautelares actuales o, como han solicitado la Fiscalía y varias acusaciones populares, ordene su ingreso en prisión.

En un auto, dictado este mismo viernes, el instructor ha comunicado a los dos investigados que deberán acudir personalmente a la sede judicial acompañados de sus respectivos abogados. Ábalos deberá comparecer a las 10:00 horas, mientras que Koldo está citado para las 11:00 horas.

La Fiscalía Anticorrupción ya ha pedido penas que superan los veinte años de cárcel para ambos por el caso relacionado con los contratos de mascarillas. Con ese horizonte penal, el Ministerio Público reclama también la celebración de esta vista para que el Supremo evalúe si deben continuar en libertad o si debe endurecer las medidas cautelares.

Ábalos y Koldo están imputados en el Supremo por delitos de organización criminal, cohecho, tráfico de influencias y malversación de caudales públicos. El escrito de acusación, presentado el pasado miércoles por el fiscal jefe Anticorrupción, Alejandro Luzón, solicita además una multa de 3,7 millones de euros por las presuntas irregularidades en la compra de mascarillas durante la pandemia.

La misma cantidad se pide también (junto a siete años de cárcel) para el empresario Víctor de Aldama, al que se le aplica el atenuante de confesión.

Las penas que pide la Fiscalía para Ábalos y Koldo

El documento detalla las penas solicitadas para el exministro José Luis Ábalos, incluyendo un delito añadido: uso de información privilegiada. Pide 7 años por organización criminal, 6 años por cohecho continuado, 4 años por distintas variantes de tráfico de influencias, 2 años y multa de 3,7 millones por uso de información privilegiada y 5 años por malversación. En total, la petición supera ampliamente los 20 años de prisión.

En el caso del exasesor Koldo García, Luzón pide un total de 19 años y medio de cárcel (6 años por organización criminal, 5 años por cohecho continuado, 1 año y medio y multa de 3,7 millones por uso de información privilegiada, 3 años por tráfico de influencias y 4 años por malversación).

El escrito reclama además que Ábalos y Koldo indemnicen 34.477 euros a Ineco y 9.500 euros a Tragsatec. Y también pide decomisar 430.298 euros en ganancias derivadas del cohecho.

El papel de Aldama

Para Víctor de Aldama, la Fiscalía pide 4 años por organización criminal, 3 años por cohecho y una multa de 3,7 millones por uso de información privilegiada.

Aldama disfruta del atenuante de confesión tras declarar en la Audiencia Nacional en noviembre del año pasado, donde confirmó hechos del caso Koldo y aportó información sobre la trama de mascarillas y también sobre la de obra pública. Desde entonces ha ido entregando documentación a ambos tribunales.

La causa llega a juicio para revisar las medidas cautelares

El juez Leopoldo Puente decidió el 3 de noviembre enviar a juicio a Ábalos, Koldo y Aldama por la compra de material sanitario. Separó la pieza principal de la relativa a comisiones por obras públicas y dio diez días a las partes para presentar sus acusaciones.

En ese contexto, tanto las acusaciones populares como la Fiscalía han pedido revisar las medidas cautelares fijadas el pasado febrero: comparecencias quincenales, retirada de pasaporte y prohibición de salir de España.

Puente ha rechazado hasta ahora enviarles a prisión, aunque en su última resolución a mediados de octubre, cuando ambos se acogieron a su derecho a no declarar, advirtió de un riesgo "creciente" de fuga a medida que se acerca la fecha del juicio.

Anticorrupción ha pedido citar a cerca de 40 testigos, entre ellos ex altos cargos, empresarios y la expareja de Ábalos. Se trata de Carlos Moreno (exjefe de Gabinete de María Jesús Montero), Juan Ignacio Díaz Bidart (exjefe de Gabinete de Teresa Ribera), Isabel Pardo de Vera (expresidenta de Adif), Javier Hidalgo (exCEO de Air Europa) y Jésica Rodríguez (expareja de Ábalos).

La acusación popular ve riesgo de fuga

Las acusaciones populares ya adelantaron en su escrito que reclamarán que se ordene el ingreso en prisión provisional de ambos de cara al juicio, al considerar que "existen indicios racionales de criminalidad" y una "elevada petición de pena". Además, inciden en que su petición de prisión provisional es "idónea, necesaria y proporcionada" para "evitar el riesgo de fuga" de cara al juicio. La Fiscalía, por su parte, aunque ha solicitado que se celebre la vista, no ha adelantado qué medidas cautelares reclamará para Ábalos y Koldo.

El magistrado ha explicado en su auto que, conforme a lo que establece el artículo 505 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, las acusaciones pueden "solicitar la adopción, modificación o suspensión de cualesquiera medidas privativas de libertad o restrictivas de derechos en los casos en que proceda".

Al hilo, el instructor ha avisado de que solo puede modificar las medidas cautelares de Ábalos y Koldo "a petición de alguna de las acusaciones" y después de haber escuchado a las partes en la vista.

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