El Gobierno aprueba la jubilación anticipada en profesiones penosas o peligrosas

La ministra de Seguridad Social, Elma Saiz, ha comunicado en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros "con orgullo" la aprobación del "real decreto que establece el procedimiento por el que se aplicarán los coeficientes reductores para anticipar la edad de jubilación de actividades penosas y peligrosas". Estos coeficientes, en ningún caso, será para personas con menos de 52 años.

Al explicar los detalles, ha relatado que "sabemos que hay trabajos de especial dureza y otros que se hacen especialmente duros en los años últimos de vida laboral. Los datos avalan que hay actividades con mayor siniestralidad, y en particular hay actividades con más accidentes de trabajo y enfermedades profesionales asociadas".

"En el marco del dialogo social, de la mano de los responsables sindicales y las organizaciones empresariales acordamos diseñar un procedimiento basado en criterios objetivos con información más detallada para que los trabajadores y trabajadoras que desempeñen esas actividades puedan adelantar su jubilación".

¿Qué se aprueba?

Saiz ha detallado que "lo que aprobamos en este real decreto es concretamente el procedimiento, es decir, hemos establecido basándonos en la evidencia científica los criterios objetivos que definan ocupaciones de naturaleza especialmente penosoas, peligrosa o insalubre y que acusen elevados índice de mortalidad".

Los criterios

Entre los criterios para determinar la penosidad se encuentran, por ejemplo, la exposición a temperaturas extremas, ruido o vibraciones; el uso permanente de la fuerza física; la exposición a agentes físicos, químicos o biológicos. En cuanto a la toxicidad, estarán bajo esta condición los trabajos con exposición a agentes físicos, químicos o biológicos agresivos o nocivos. La peligrosidad contempla actividades susceptibles de causar un accidente laboral o enfermedad profesional al trabajador con un mayor grado de incidencia o frecuencia que otros trabajos. La insalubridad hace referencia a actividades con exposición a un ambiente susceptible de ser perjudicial para la salud del trabajador.

Anteproyecto de Ley de Protección y Resiliencia de Entidades Críticas

El Consejo de Ministros ha aprobado en primera vuelta y a propuesta del ministerio del Interior, tal y como ha explicado Marlaska en rueda de prensa, el anteproyecto de Ley de Protección y Resiliencia de Entidades Criticas. Ha explicado el ministro que tienen "como objetivo apoyar a las entidades públicas o privadas que operan en las infraestructuras críticas, ayudarlas a estar mejor equipadas para hacer frente a los riesgos que puedan perturbar los servicios esenciales que todas ellas prestan". En el vídeo superior puedes seguir en streaming la rueda de prensa en directo tras el Consejo de Ministros de este martes.

Es una norma que, "una vez aprobada va a mejorar el tratamiento del conjunto de amenazas cada vez más dinámicas y complejas desde los fenómenos naturales hasta los sabotajes, pasando por riesgos tecnológico y amenazas hídricas". Se va a tramitar por la vía de urgencia.

Es el primer Consejo de Ministros que se celebra después de haber salido a la luz los audios de 'El Confidencial' y 'The Objective' que confirmarían que Leire Díez, la mujer cercana a la cúpula del PSOE, habría ofrecido beneficios judiciales a un empresario investigado por la trama de los hidrocarburos a cambio de información para desacreditar al jefe de la UCO. En concreto, le promete pactos con la Abogacía del Estado y la Fiscalía: "Te voy a ofrecer una cosa. Es decir, "yo te puedo sentar con Fiscalía", se puede escuchar decir a Díez en los mencionados audios. "Cuando yo digo de sentarte con alguien es sentarte con alguien para un fin determinado", confirma.

En los audios, Leire Díez, militante socialista y cercana a la cúpula del partido, ofrece beneficios judiciales a cambio de material contra la UCO. Estos se unen a los ya conocidos. Se trata de grabaciones muy explícitas en las que trata conseguir que un empresario le haga llegar pruebas contra el departamento de la Guardia Civil que investiga el caso del hermano de Sánchez o el de su esposa, entre muchos otros.

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