Caso Fiscal general del Estado
¿A qué se podría enfrentar García Ortiz tras ser procesado por el TS?
Son varias las dudas que surgen alrededor del Fiscal general del Estado tras haber sido procesado por su presunta implicación en un delito de revelación de secretos relacionado con la causa abierta contra Alberto González Amador. Intentamos dar respuesta.

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La situación del Fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, está sobre la mesa después de que el juez del Tribunal Supremo le procesara por su presunta implicación en un delito de revelación de secretos relacionado con la causa abierta contra Alberto González Amador, pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso.
El hecho de que exista la posibilidad de que la Justicia se siente en el banquillo no es lo habitual. De ahí que surjan numerosas dudas que tratamos de aclarar a continuación para saber cuáles son las diferentes vías a las que podría enfrentarse García Ortiz a partir de ahora.
¿Ausencia de pruebas directas?
Una de las primeras 'lagunas' del caso es la falta de pruebas directas contra García Ortiz, cuyo teléfono móvil no clarifica el trabajo. Salvador Viada, exfiscal del Tribunal Supremo explica que "nadie borra o destruye aquello que le beneficia. La prueba indiciaria es perfectamente valida para desvirtuar la pesunción de inocencia. Se utiliza en el día a día de los Tribunales constantemente", precisa.
García Ortiz debería suspender a la fiscal de Madrid...
Además, según el artículo 145 del Reglamento del Ministerio Fiscal, García Ortiz debería suspender a la fiscal de Madrid por estar procesada pero, ¿le puede ocurrir lo mismo a él por estar en la misma situación? Viada aclara que "le afecta también a él porque es un miembro del Ministerio Fiscal. Tendría que ser la número dos de la Fiscalía quien acordara la suspensión de funciones del número 1", relata.
¿Debería dimitir García Ortiz?
En alguna ocasión hemos escuchado al propio García Ortiz señalar que "para mí sería mas comodo marcharme". Javier Álvarez, Catedrático Derecho Penal Universidad Carlos III, considera que "no se ha abierto el juicio oral y por lo tanto no tiene porque dimitir", mientras que Salvador Viada piensa que "tendría que haberse ido en cuanto empezaron las sospechas". Manuel Ruíz de Lara, portavoz Plataforma Independencia Judicial, cree que "lo más razonable sería dimitir, defenderse en el juicio".
García Ortiz podría enfrentarse a penas de 2 a 4 años de cárcel.
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