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El PSOE consulta al Consejo de la Abogacía qué datos puede entregar a Pedraz de sus letrados por el secreto profesional

El PSOE considera que parte de la información puede estar protegida por el secreto profesional.

La secretario de Organización del PSOE, Rebeca Torró

La secretario de Organización del PSOE, Rebeca Torró EFE

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El PSOE ha trasladado al juez Santiago Pedraz, que instruye el caso Leire, que ha preguntado al Consejo General de la Abogacía Española (CGAE) cuáles son los datos que puede proporcionarle de sus contratos con letrados entre 2021 y 2025, al considerar que parte de esta información puede estar protegida por el secreto profesional. Además, ha solicitado más tiempo para dar una respuesta, al considerar que el que ha tenido es "absolutamente insuficiente".

En una providencia dictada este jueves y a la que ha tenido acceso Servimedia, Pedraz da cuenta de un escrito presentado por la formación socialista, del que el instructor da traslado a la Fiscalía y a las partes. En las alegaciones de la Asesoría Jurídica del PSOE, se responde a la resolución del juez del pasado 6 de octubre, en la que pedía a este partido una "relación completa" de sus contratos y pagos a abogados entre 2021 y 2025. El magistrado pidió esta información tras la declaración de la gerente socialista, Ana María Fuentes, y para aclarar si por esta vía se pudieron camuflar pagos a Leire Díez para desestabilizar su sumarios por corrupción.

"El alcance del secreto profesional"

En cuanto a esto, el PSOE dice que ha pedido al CGAE que "se pronuncie sobre el alcance del secreto profesional en relación con la información requerida". Señala que envió su consulta por burofax este martes, acción con la que "no persigue ni dilatar ni eludir el cumplimiento de lo acordado por ese Tribunal".

También reclaman un plazo adicional hasta conocer la respuesta, al considerar que el tiempo que se les ha dado es "absolutamente insuficiente". La dirección de Ferraz añade que ha preguntado a la entidad que representa a los abogados por vías alternativas para dar los datos que se le piden. Así, ha consultado si, en una primera fase, puede dar al magistrado información "estrictamente económica, agregada o anonimizada", sin identificar a los letrados ni el objeto de los encargos, o que el acceso a contratos concretos se acuerde de forma individualizada y en una pieza separada reservada.

La Asesoría Jurídica del PSOE sostiene que "una parte sustancial de la información requerida" está sometida al secreto profesional, que el artículo 22.1 del Estatuto del CGAE extiende a "todos los hechos, comunicaciones, datos, informaciones, documentos y propuestas" de estos profesionales. También recuerda que, según la Justicia europea, esa protección alcanza "tanto a su contenido como a su existencia".

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