Los Mossos d'Esquadra invitaron a los líderes soberanistas Jordi Sànchez y Jordi Cuixart a asistir a las reuniones con la Guardia Civil y aceptaron sus "sugerencias" en la gestión de la seguridad del registro del 20 de septiembre en la consellería de Economía, según concluye la Policía Nacional. Así consta en un informe que la Policía Nacional ha remitido a la juez de la Audiencia Nacional Carmen Lamela, en el marco de la causa abierta al mayor de los Mossos d'Esquadra Josep Lluís Trapero, por el papel de la policía catalana ante el registro que la Guardia Civil practicó en Economía y el referéndum del 1-O.

El informe de la Policía Nacional, confeccionado a partir de los documentos que se incautaron a los Mossos d'Esquadra cuando el pasado 26 de octubre los iban a quemar a una incineradora, señala el "excepcional protagonismo" que los mandos de la policía catalana dieron a los entonces líderes de la ANC, Jordi Sànchez -ahora propuesto como candidato a la presidencia de la Generalitat- y de Òmnium Cultural, Jordi Cuixart, ambos encarcelados por rebelión.

La Policía Nacional insiste en la "importancia y relevancia que en los mandos de los Mossos d'Esquadra" dieron a los 'Jordis', quienes, añade el informe, "en todo momento controlaron la actitud de la masa y gozaron de información sensible sobre lo que estaba sucediendo". Concretamente, el documento entregado a Lamela señala que Sànchez y Cuixart fueron "invitados a participar en todas las reuniones" que los mandos de Mossos d'Esquadra mantenían con los de la Guardia Civil en relación con la gestión de la masiva concentración que tenía lugar ante la consellería registrada, lo que impidió a los agentes del instituto armado abandonar las dependencias hasta la mañana siguiente.

Según el informe de la Policía Nacional, los Mossos d'Esquadra aceptaron las "sugerencias" de los "Jordis" y se les permitió "poner en marcha decisiones operativas" en relación con la manifestación. Sin embargo, lo "adecuado", añade el informe, es que fueran miembros del área de mediación de los Mossos d'Esquadra los que se entrevistaran de forma separada con los "Jordis" para trasladar después sus "apreciaciones" a los mandos del dispositivo policial, en aras de garantizar la seguridad del 20 de septiembre.

Además, añade el informe, en varias ocasiones la intendenta de los Mossos Teresa Laplana, también imputada por la Audiencia Nacional, "trasladó información sensible" a los 'Jordis' sobre la llegada de los detenidos, el fin de los registros o la salida de la secretaria del juzgado, que fue evacuada de madrugada por la azotea de un edificio anexo al de la consellería de Economía.

En otro informe que Lamela remitido al juez Pablo Llarena que investiga a Sànchez y al Govern cesado por rebelión, la Guardia Civil concluye que el exlíder de la ANC pactó con el mayor de los Mossos Josep Lluís Trapero las "condiciones" en que debían actuar los agentes que practicaban el registro. La Guardia Civil señala que en una reunión con el equipo de mediación de los Mossos, Sànchez "manifestó unas condiciones de lo que se iba a permitir hacer a los agentes de la Guardia Civil que se encontraban en el interior del edificio y lo que no" y que no fueron rebatidas por ninguno de los policías catalanes. De ello se desprende, según la Guardia Civil, que las condiciones que Sànchez "ofertó" a los agentes del instituto armado "ya debían haber sido tratadas con Trapero", con el que mantuvo "permanente" comunicación telefónica, a través de 17 llamadas de móvil y otros intentos infructuosos de contactar.

En su informe, la Policía Nacional reprocha a los Mossos la "ausencia de una clara voluntad de auxilio" para proteger a la comitiva judicial y los agentes encargados del registro de la consellería: "en un principio, y de forma que podría considerarse negligente, los mandos no le dan la importancia y dimensión adecuada a la concentración", añade. Según el informe, entre los concentrados ante la consellería se encontraban políticos como la exmiembro de la Mesa del Parlament Anna Simó -investigada por rebelión por el Supremo-, la exportavoz del Govern Neus Munté, el dirigente de ERC Alfred Bosch o la expresidenta del Parlament Núria de Gispert.

Agentes del área de mediación de los Mossos "preguntaron directamente a estos representantes políticos por las intenciones de los concentrados y la posibilidad de abrir un pasillo para facilitar las labores de la comisión judicial y de la Guardia Civil", añade el informe. A ello, Anna Simó respondió que "estaba claro que la masa no permitiría que nadie saliese del edificio", aunque sí el libre acceso a trabajadores de la consellería y afines a los concentrados, sostiene la Policía Nacional en su escrito a Carmen Lamela. Para los autores del informe, las conversaciones que los agentes de mediación mantuvieron con los responsables de ANC y Òmnium "no dejan lugar a dudas sobre la actitud netamente hostil y beligerante de los concentrados hacia la comisión judicial y los agentes de la Guardia Civil".

Además, señala el informe, los líderes soberanistas mantuvieron que "en ningún momento iban a pedir a la gente nada que significase facilitar el trabajo de la Guardia Civil". El escrito de la Policía Nacional relata que, en varios ocasiones a lo largo del registro, policías de paisano de los Mossos d'Esquadra sufrieron "insultos y lanzamiento de objetos al ser confundidos con agentes de la Guardia Civil", lo que en alguna ocasión les obligó a refugiarse en el cercano Teatro Coliseum.