El expresidente balear Jaume Matas ha asegurado "no recordar ni haber visto" el concurso convocado en 2003 con el objeto formal de contratar una asesoría externa, a pesar de que en realidad fue empleado presuntamente para encubrir los pagos que percibió el periodista Antonio Alemany por redactar sus discursos institucionales.
"El presidente no recuerda el concurso, no fue competencia ni obra mía", ha espetado Jaume Matas al inicio de su esperado interrogatorio que ha comenzado esta tarde.
Antonio Alemany era quien le redactaba los discursos y después le elogiaba en los medios. Supuestamente, le pagaba de manera encubierta 4.500 euros al mes.
También se investiga la legalidad de una subvención de 450.000 euros que el periodista recibió del Ejecutivo balear para poner en marcha una agencia de noticias y un contrato de casi 12.000 euros por unos reportajes que no se realizaron.
Matas asegura que Joan Martorell es el responsable de convocar el concurso
Matas, que no ha descartado que él autorizase el concurso, ha señalado como promotor de la iniciativa al exdirector general de Comunicación, Joan Martorell, aunque ha insistido en que no recuerda que efectivamente fuera éste quien impulsó ese concurso.
De este modo el exministro de Medio Ambiente, quien se sienta por primera vez en el banquillo de los acusados en el marco de la pieza 2 del caso Palma Arena, ha aseverado que "es muy probable" que el entonces director general de Comunicación, Joan Martorell, "me pidiera el visto bueno en caso de que me trasladase la necesidad de contratar este servicio de asesoría, pero no recuerdo que me lo pidiera".
Así lo ha puesto de manifiesto a preguntas del fiscal anticorrupción Pedro Horrach en el marco de un tenso interrogatorio, en el que ha manifestado que el concurso "podría haber sido iniciativa de los órganos administrativos".
Por este sumario, Matas se enfrenta a 8 años de carcel aunque tras la declaración su abogado se ha mostrado optimista. Esta es la primera pieza de las 26 que forman el caso palma Arena en el que se investiga el presunto desvío de más de 50 millones de euros
