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TERCERA FASE DE LA OPERACIÓN MADEJA
En libertad 22 de los 32 detenidos en la Operación Enredadera
Los diez que permanecen detenidos pasarán a disposición de la juez Mercedes Alaya, que dirige la operación, a lo largo del día, ha informado un portavoz de la Guardia Civil. Entre los 32 arrestados había tres cargos públicos, además de funcionarios y representantes de empesas como Fitonovo en una presunta trama de pagos a empleados públicos.
La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil ha dejado en libertad a 22 de los 32 detenidos en la Operación Enredadera dirigida contra una trama corrupta, integrada en su mayoría por funcionarios e infiltrada en administraciones que facilitaba contratos irregulares a cambio de comisiones. Los diez que permanecen detenidos pasarán a disposición de la juez Mercedes Alaya, que dirige la operación, entre esta tarde y mañana, ha informado un portavoz de la Guardia Civil.
La operación se realizó este martes en doce provincias de forma simultánea por orden de la juez de instrucción número seis de Sevilla. Entre los 32 detenidos había tres cargos públicos: el teniente de alcalde de La Carolina (Jaén), Cristóbal Pérez (PP); el jefe de área de Seguridad y Emergencias del Cabildo de Lanzarote, Sergio Machín -ya en libertad-, y el actual vocal de la empresa pública Lipasam del Ayuntamiento de Sevilla, Antonio Miguel Ruiz Carmona (IU).
Los otros 29 arrestados eran fundamentalmente funcionarios y representantes de empresas como Fitonovo, la firma sobre la que gira gran parte de la operación Enredadera y cuyos responsables ya fueron arrestados el pasado año. De hecho, esta operación representa la tercera fase de otra bautizada como Madeja, también dirigida por Alaya y que tiene su origen en las irregularidades descubiertas en torno al concurso público para la compra de terrenos de Mercasevilla S.A y que condujo a Fitonovo.
Según los investigadores, la estructura de esta empresa se habilitó para conformar una red de contactos con funcionarios corruptos que les facilitaban contrataciones públicas, creando a su vez una contabilidad paralela que se nutría de facturación falsa para, entre otros fines, pagar sobornos a funcionarios y responsables públicos.
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