Lasquetty justifica el retraso en 30.000 mamografías por "dificultades administrativas"

El consejero de Sanidad de la Comunidad de Madrid ha explicado que estas pacientes no se han quedado sin "mamografía", sino que se ha dado "un retraso en los últimos meses". Además ha informado de que en lo que va de año se han llevado a cabo 70.000 pruebas para detectar el cáncer de mama y otras 10.000 están citadas en las próximas semanas.

Javier Fernández-Lasquetty

Javier Fernández-LasquettyEFE

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El consejero de Sanidad de la Comunidad de Madrid, Javier Fernández-Lasquetty, ha achacado a "dificultades administrativas" el retraso en la realización de mamografías preventivas a 30.000 mujeres en clínicas privadas dentro de un programa público de detección del cáncer de mama.

Tras participar en un acto sobre lesiones medulares crónicas, Lasquetty ha recalcado que estas pacientes "no se han quedado sin la mamografía", sino que lo que se ha dado es un "retraso en los últimos meses". Según ha informado una emisora, la suspensión del programa de detección en las clínicas privadas se mantuvo entre marzo y septiembre y se produjo a raíz de la apertura de un nuevo concurso para adjudicar este servicio.

El consejero de Sanidad ha recalcado que, en lo que va de año, se han realizado 70.000 mamografías preventivas y hay otras 10.000 citadas para las próximas semanas. Además, ha defendido que el retraso del programa en las clínicas privadas supone "la parte menor" del programa de prevención.

Ha agregado que Sanidad tiene que sacar a licitación el nuevo concurso, que según ha indicado "está a punto de salir". "Ahora hay que acelerar el trabajo y trabajar con más intensidad para recuperar el tiempo perdido", ha apostillado Lasquetty.

El retraso en la realización de las pruebas en las clínicas privadas ha sido criticado por Izquierda Unida, cuyo portavoz de Sanidad, Rubén Bejarano, ha reclamado la comparecencia de Fernández-Lasquetty en la Asamblea de Madrid para que explique el estado del programa de detección precoz.

Bejarano ha achacado la paralización durante siete meses del programa a la "insistencia" del Gobierno de la Comunidad de Madrid en "prestar asistencia pública en clínicas privadas", lo que en su opinión ni es más económico, ni más transparente ni ayuda a resolver los problemas.

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