Congreso
Un juzgado de Madrid ordena investigar si hubo delito informático en la votación de la reforma laboral
Sigue la bronca y la sospecha por la votación de la reforma laboral. Un juzgado de Madrid ha ordenado investigar si pudo producirse un delito informático durante la sesión plenaria.
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El surrealismo se apoderó del Congreso de los Diputados, y ahora, sigue siendo un tema de debate muy controvertido, 24 horas después de la doble polémica que surgió en la votación de la reforma laboral. Doble por la negativa de los diputados de UPN a votar 'sí', tal y como les había ordenado la cúpula del partido, y por el supuesto error de un diputado del PP que permitió su aprobación.
El diputado popular, Alberto Casero, asegura que quería votar 'no'. Desde su partido, hay dos versiones diferentes. Hay quienes aseguran que se equivocó al votar de forma accidental, y por otro lado, quienes explican que tenía problemas técnicos en su ordenador y que, pese a transmitirlo a la Mesa de la Cámara, se le hizo caso omiso.
Ahora, y con el objetivo de intentar averiguar qué ocurrió, un juzgado de Madrid ha autorizado que se abran las diligencias pertinentes para investigar si hubo un delito informático en la sesión plenaria donde se aprobó la reforma laboral, en alusión a algunas voces del Partido Popular que aseguran que se trató de un fallo técnico, que terminó condicionando la votación.
Casos similares con final distinto
La duda está en si ha habido casos en los que se haya anulado la votación por el error de una persona que se equivocó a la hora de introducir su voto. En julio de 2020, la diputada de Podemos Marisa Saavedra se confundió, y la votación fue anulada para realizarse de nuevo, después de que los servicios jurídicos alertaran de que la votación tenía resultados alterados.
La polémica continúa servida pese a que Meritxell Batet ha insistido en que no anulara la votación, a diferencia de lo que hizo año y medio antes con esta diputada de Podemos que se equivocó y hubo de repetirse, lo cual ha enfurecido a la oposición, que ya ha advertido que tomará todas las medidas necesarias, con PP y Vox avisando que llevarán el caso al Tribunal Constitucional.
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Entretanto, el partido UPN ha exigido a sus dos diputados, Carlos García Adanero y Sergio Sayas, que entreguen sus actas de parlamentarios tras haber roto la disciplina de voto. Ellos se niegan rotundamente y aseguran que no hubo 'tamayazo' alguno, sino que decidieron hacerlo por cuenta propia y sin que nada ni nadie les pidiera cambiar el sentido de su voto.
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