OPERACIÓN LEZO
González exigió un millón de euros a una empresa pública madrileña para sanear el PP de la comunidad
Esta petición a a la Agencia Informática de la Comunidad de Madrid pudo haber servido para financiar irregularmente el partido que presidió Esperanza Aguirre entre 2004 y 2016.
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El juez de la Audiencia NacionalEloy Velasco sospecha que el expresidente madrileño Ignacio González pidió un millón de euros a la Agencia Informática de la Comunidad de Madrid (ICM) para sanear las cuentas del PP madrileño, una de las cuestiones por las que le ha preguntado en su interrogatorio. Esta operativa pudo haber servido para financiar irregularmente el partido que presidió Esperanza Aguirre entre 2004 y 2016, uno de los delitos que se investigan en la operación Lezo.
De hecho, uno de los detenidos en la operación, por la que Ignacio González ha ingresado en prisión, es José Martínez Nicolás, exconsejero delegado de ICM, que ha quedado en libertad con la condición de que pague una fianza de 100.000 euros antes del 28 de abril. Según han informado fuentes jurídicas, a Ignacio González, que ha negado todas las acusaciones, también se le ha interrogado sobre una presunta comisión de 1,4 millones de euros que recibió de la constructora OHL, cuyo consejero Javier López Madrid fue arrestado ayer y ha quedado hoy en libertad también bajo el pago de la misma fianza.
Esta comisión la habría recibido por la adjudicación del contrato para la construcción del ferrocarril de Navalcarnero, que nunca se realizó. Asimismo, el magistrado le imputa su relación en las supuestas comisiones por la adjudicación de la obra del golf que se construyó en unos terrenos del Canal de Isabel II del barrio madrileño de Chamberí y que se adjudicó a Dragados.
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Velasco le ha interrogado asimismo acerca de su participación en uno de los ejes de la investigación del caso Canal: la compra supuestamente fraudulenta de la empresa brasileña Emissao por parte del Canal en 2013. Esta empresa fue, según el juez, "hipervalorada ficticiamente" y se hizo sin ningún tipo de control para el "desvío de dinero público madrileño" (23 millones de euros) a "cuentas bancarias de terceros países con opacidad". Otras de las cuestiones que se le imputan son el manejo habitual de dinero en efectivo y la elaboración de facturas falsas.
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