Pazo de Meirás

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Pazo de Meirás

El Gobierno recurrirá ante el Supremo la sentencia sobre el pazo de Meirás

El Gobierno ha decidido recurrir la sentencia sobre el Pazo de Meirás que reconoció el derecho a los herederos de Francisco Franco a ser resarcidos en los gastos en los que incurrieron desde 1975.

El Gobierno ha anunciado este martes su decisión de recurrir en casación ante el Tribunal Supremo la sentencia de la Audiencia Provincial de A Coruña sobre el pazo de Meirás, que ratificó que es del patrimonio público, pero condenó al Estado a pagar una indemnización a los Franco por los gastos contraídos desde 1975.

Según indica en un comunicado, el Gobierno señala que el fallo "es favorable a las principales pretensiones" del Ejecutivo, al otorgar la propiedad del pazo a Patrimonio del Estado, pero también "reconoce a los herederos del dictador el derecho a recibir una indemnización por los gastos en los que incurrieron cuando ostentaban la propiedad del inmueble".

La Abogacía del Estado ha realizado "un estudio detallado de los fundamentos de la sentencia" que ha permitido apreciar "errores de interpretación o alteraciones sobre las pretensiones ejercitadas en la demanda", señala el comunicado del Ejecutivo.

"La sentencia afirma erróneamente que la Administración General del Estado había reconocido en su demanda la buena fe de los herederos del dictador y de ahí se extraen una serie de conclusiones que no se corresponden con la realidad", indica.

El Gobierno ha decidido por ello recurrir la sentencia, al considerar que "la eventual corrección de estos errores y la necesaria interpretación del Tribunal Supremo permitirán sentar con claridad y precisión las bases para la posterior liquidación del estado posesorio".

El presidente de la Xunta de Galicia, Alberto Núñez Feijóo, ya confirmó que la Abogacía del Estado y la Asesoría Jurídica de la Xunta estaban estudiando conjuntamente "si procede o no" presentar un recurso contra el fallo de la Audiencia Provincial de A Coruña que ratificó que el pazo de Meirás es del patrimonio público, pero condenó al Estado a pagar una indemnización a los Franco por los gastos contraídos desde 1975.

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