El Gobierno baraja una regularización masiva para inmigrantes presentes en España antes de 2025

La Ley de Extranjería con las novedades y cambios aprobados por el Consejo de Ministros en noviembre de 2024 entra hoy en vigor. El nuevo Reglamento pretende simplificar procedimientos y eliminar duplicidades. La ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, ha presentado esta reforma como "ambiciosa" y bajo una perspectiva de defensa de los derechos humanos.

El Gobierno prevé regularizar a unas 900.000 personas en los próximos tres años y por ello el Gobierno de Pedro Sánchez baraja lleva a cabo esta propuesta: hacer una regularización masiva para inmigrantes que estuvieran en España antes del 31 de diciembre de 2024, según publica el diario 'El País'.

La portavoz de Vox en el Congreso, Pepa Millán, afirma tras la entrada en vigor de la nueva ley de Extranjería que la nacionalidad "no puede ser en ningún caso un regalo y mucho menos un arma política". "Casi un millón de inmigrantes en situación irregular dejarán de serlo gracias a la modificación reglamentaria que ha elaborado el Gobierno en la que flexibiliza hasta el extremo la figura del arraigo", ha criticado Millán en el Congreso. Y califica la norma de "una tomadura de pelo y un desprecio infinito a España", manifiesta Millán.

Visados, arraigo, trabajo: otras novedades

La reforma contempla cinco modalidades de arraigo: el social, sociolaboral, familiar, socioformativo y de segunda oportunidad. Estas se homogeneizan y reduce de 3 a 2 años el tiempo de permanencia en España necesario para acceder a ella. Asimismo, se flexibilizan los requisitos a cumplir y se habilita a trabajar tanto por cuenta ajena como propia "desde el primer momento", recoge el borrador según 'Europa Press'.

El Gobierno ha reducido de dos años a seis meses el tiempo necesario para que los solicitantes de asilo rechazados puedan acceder al arraigo. Una medida que ha llevado a personas refugiadas que ya vivían y trabajaban en España a renunciar a su solicitud de asilo. Por esto, asociaciones sociales como Asociación Pro Derechos Humanos de España y Coordinadora de Barrios, junto con Andalucía Acoge, Cáritas, CEAR, Red Acoge y el Servicio Jesuita a Migranteshan recurrido el reglamento ante el Supremo, que aún no se ha pronunciado. En la misma línea se pronunció el Defensor del Pueblo a través de un informe registrado en las Cortes Generales el pasado viernes donde advertía de que la entrada en vigor del reglamento "podría abocar a la irregularidad sobrevenida a miles de menores".

El nuevo texto legal establece que el tiempo de residencia en España como solicitante de protección internacional no computará como periodo válido para acceder al arraigo. Esto significa que, una vez denegada la solicitud de asilo, la persona quedará en situación administrativa irregular y deberá permanecer en ella durante al menos dos años antes de poder optar a alguna de las vías de regularización previstas en la Ley. Un punto que ha suscitado críticas por parte de ONGs de defensa de derechos de los migrantes o partidos políticos.

También crea un título nuevo y específico para los visados. Todas las autorizaciones iniciales van a ser de un año y las renovaciones, de cuatro. Y se extiende el visado para la búsqueda de empleo a un año (antes era de tres meses).

Otra de las novedades es que los estudiantes contarán con una autorización de estancia por estudios que dure el mismo tiempo que su formación y se facilitará una vía rápida para enlazar con una autorización de trabajo una vez finalizados los estudios. Además, mientras estudian, podrán trabajar hasta 30 horas semanales.

El nuevo reglamento recoge la creación de una autorización de residencia para familiares de ciudadanos españoles con el fin de mejorar la figura de la reagrupación familiar, extendiendo la edad de los hijos beneficiarios de los 21 a los 26 años.

Vox registra una iniciativa para modificar la Ley de Extranjería

A juicio de Vox, es "urgente" el "endurecimiento generalizado" de la política migratoria y registra una iniciativa para modificar la vigente norma "al objeto de restringir la regularidad de inmigrantes ilegales a través del arraigo".

"Nosotros creemos que la inmigración irregular no solamente es perjudicial porque tenga una mayor incidencia en ese contexto de inseguridad en el que nos movemos desde hace algunos años en España. Los españoles también la sufren por la precarización de los trabajos, el colapso de los servicios públicos, la escasez de la vivienda(...). Es una cuestión de identidad y supervivencia de España, en todos los órdenes", ha afirmado.

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