Se amplía hasta el 20 de septiembre la prohibición de cortar luz, gas y agua por el coronavirus

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Coronavirus

El Gobierno amplía hasta el 30 de septiembre el decreto de emergencia social que prohíbe el corte del suministro de luz, gas o agua

El Gobierno tiene previsto aprobar en la reunión del Consejo de Ministros un decreto que, entre otras medidas, amplía hasta el próximo 30 de septiembre la prohibición de cortar el suministro de energía eléctrica, gas y agua. El decreto amplía algunas de las medidas de emergencia social que el Ejecutivo sacó adelante al inicio de la crisis provocada por la pandemia de Covid-19 que finalizaban en julio.

El Gobierno tiene previsto aprobar durante la reunión del Consejo de Ministros la prórroga de varias medidas de contenido social aprobadas durante la pandemia del Covid-19 para ayudar a las personas más vulnerables.

Tiene previsto ampliar hasta el 30 de septiembre la moratoria de hipotecas y alquileres y garantías de protección por impago de suministros básicos. Se trata de varias medidas que figuraban en el denominado 'escudo social' puesto en marcha por el Ejecutivo durante la fase más aguda de la pandemia de coronavirus para aliviar el impacto económico en la población más vulnerable.

'Escudo social'

Estaba previsto que finalizaran este mes de julio pero el gobierno prevé acordar una prórroga extraordinaria de los contratos de arrendamiento de vivienda habitual, por un periodo de seis meses y con las mismas condiciones.

Luz, gas o agua

Entre otras medidas, está también previsto ampliar hasta finales de septiembre la prohibición de cortar el suministro de electricidad, gas o a agua a las familias en situación de vulnerabilidad agravada por la pandemia de coronavirus.

Está previsto además dar luz verde al aplazamiento temporal y extraordinario en el pago de la renta para el caso de grandes tenedores de vivienda o empresas públicas, y se baraja ampliar el plazo de solicitud de la moratoria de deuda hipotecaria, de forma que se pueda solicitar hasta el 29 de septiembre.

El Consejo de Ministros también contempla suspender las obligaciones derivadas de los contratos de crédito sin garantía hipotecaria.

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