¿Qué supone para el fiscal García Ortiz ir a juicio? Podría ser condenado a cuatro años de cárcel

El fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, irá a juicio por un presunto delito de revelación de secretos de la pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso.

¿Qué puede suponer la condena para el fiscal general? El hecho de que el fiscal García Ortiz vaya a ser juzgado no supone que deba ser cesado por ello, pues no es un motivo que figure entre las causas de cese del fiscal general que recoge el artículo 31 del Estatuto del Ministerio Fiscal. Estos motivos son cuatro: a petición propia, por incompatibilidad, incapacidad o enfermedad, por incumplimiento grave o reiterado de sus funciones, o por el cese del Gobierno que lo propuso.

El propio fiscal ha reiterado en varias ocasiones su intención de no dimitir y el Gobierno le avala y cree en su inocencia, por lo que tampoco va a cesarlo. Todo apunta por tanto a que García Ortiz irá a juicio manteniéndose en su cargo, con lo que será la primera vez que un fiscal general del Estado sea juzgado en el ejercicio de sus funciones.

Según el Código Penal, la pena podría ser de hasta 4 años de cárcel. La acusación particular y el Colegio de Abogados así lo solicita.

Artículo 417 del Código Penal

"1. La autoridad o funcionario público que revelare secretos o informaciones de los que tenga conocimiento por razón de su oficio o cargo y que no deban ser divulgados, incurrirá en la pena de multa de doce a dieciocho meses e inhabilitación especial para empleo o cargo público por tiempo de uno a tres años. Si de la revelación a que se refiere el párrafo anterior resultara grave daño para la causa pública o para tercero, la pena será de prisión de uno a tres años, e inhabilitación especial para empleo o cargo público por tiempo de tres a cinco años.

2. Si se tratara de secretos de un particular, las penas serán las de prisión de dos a cuatro años, multa de doce a dieciocho meses, y suspensión de empleo o cargo público por tiempo de uno a tres años".

Sin embargo, la Asociación Profesional e Independiente de Fiscales (APIF), eleva la petición a 6 años, por considerar que hay también prevaricación.

Según expone en su escrito la APIF, el artículo 145.1 del Reglamento del Ministerio Fiscal dispone que el fiscal general podrá acordar previa audiencia del interesado y de la Comisión Permanente del Consejo Fiscal, la suspensión cautelar de cualquier miembro del Ministerio Fiscal contra el que se siga un procedimiento penal.

Artículo 145. Suspensión cautelar.

1. La persona titular de la Fiscalía General del Estado podrá acordar motivadamente, con arreglo a los principios de presunción de inocencia y proporcionalidad, previa audiencia del interesado y de la Comisión Permanente del Consejo Fiscal, la suspensión cautelar de cualquier miembro del Ministerio Fiscal contra el que se siga un procedimiento penal. Dicha suspensión se acordará, en todo caso: a) cuando se dicte auto de apertura de juicio oral o de prisión por delito cometido en el ejercicio de sus funciones o con ocasión de ellas, b) cuando por cualquier otro delito doloso se hubiere dictado auto de prisión, de libertad bajo fianza o de procesamiento.

"Ante la inoperancia de los mecanismos previstos reglamentariamente, corresponde al juez instructor adoptar medidas cautelares que resulten necesarias para preservar el buen desarrollo del proceso", argumenta en su escrito la Asociación Profesional de fiscales.

El Gobierno cree en su inocencia

El Gobierno de España mantiene su apoyo al fiscal general del Estado y sigue confiando en su inocencia después de que el Tribunal Supremo haya desestimado los recursos de la Fiscalía y por el propio fiscal general.

La Sala estima que durante la instrucción se han recabado los indicios suficientes para que se pueda formular acusación por los hechos investigados contra García Ortiz.

El presidente Pedro Sánchez daba su apoyo a Álvaro García Ortiz. "Creemos en su inocencia y, por tanto, cuenta con el aval y el apoyo del Gobierno de España", decía ante los medios tras la reunión con el rey Felipe VI en el Palacio de Marivent.

Por contra, el líder del Partido Popular (PP), Alberto Núñez Feijóo, exige la dimisión "inmediata" del fiscal general. "Es sencillo. Quien se sienta en el banquillo de los acusados no puede perseguir delitos. El fiscal general debe dimitir inmediatamente. No puede seguir ni un minuto más", expresaba en su cuenta de la red social 'X'.

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