Fiscalía de Ceuta apela a investigar posibles "omisiones en prevención, auxilio o protección" en la causa contra el delegado del Gobierno

Fiscalía de Ceuta coincide en señalar que es la Audiencia Nacional la competente para investigar la presunta responsabilidad del delegado del Gobierno, Miguel Ángel Pérez Triano, en la crisis migratoria de Ceuta.

Pero añade un matiz y es que "la conexión no debe valorarse únicamente desde una perspectiva estrictamente personal, esto es, atendiendo a si los investigados actuaron conjuntamente o mantuvieron contacto directo, sino también desde la perspectiva de la unidad del hecho investigado y de la interdependencia de las conductas. En este sentido, la investigación de la conducta del Delegado del Gobierno exige examinar conjuntamente las circunstancias en las que se produjo la entrada masiva de personas a nado, la información de la que disponían las autoridades españolas, las previsiones y medidas adoptadas antes de la llegada de las personas a la costa de Ceuta, la organización de los dispositivos de vigilancia, contención, auxilio y recepción, las órdenes, instrucciones o decisiones impartidas por las autoridades competentes. La eventual existencia de omisiones relevantes en materia de prevención, auxilio o protección. La relación causal o, en su caso, la posible contribución relevante entre tales decisiones u omisiones y los fallecimientos, lesiones u otros resultados investigados".

El Ministerio Público pone el foco en que "las decisiones u omisiones producidas en Ceuta pudieron incidir en el desarrollo de los acontecimientos, en la exposición al riesgo de las personas que accedieron a nado y en la producción o agravación de los resultados lesivos".

En lo que respecta a unificar la investigación bajo la tutela de la Audiencia Nacional, la Fiscalía de Ceuta defiende que aunque los comportamientos denunciados pudieron producirse "en momentos y espacios distintos", todos hacen referencia a un mismo "acontecimiento", es decir no son "hechos aislados o independientes" sino "actuaciones que presentan una unidad de contexto".

Argumenta además que la investigación separada "podría impedir valorar adecuadamente el conjunto del engranaje operativo e institucional, producir duplicidad de diligencias y generar resoluciones contradictorias sobre cuestiones esenciales como la previsibilidad del riesgo".

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