El fiscal general estaría obligado a suspender a la fiscal de Madrid por la misma causa que le mantiene procesado y no dimite

El Tribunal Supremo se ha pronunciado en la investigación sobre la filtración de un correo confidencial relacionado con el novio de Isabel Díaz Ayuso. El magistrado Ángel Luis Hurtado, de la Sala Penal, ha decidido transformar las diligencias previas en un procedimiento abreviado contra el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, y la fiscal jefe provincial de Madrid, Pilar Rodríguez.

Ambos están acusados por revelación de secretos. Así que en el caso de que el Supremo decida que el caso va a juicio, la ley establece que el Fiscal General del Estado debe suspender de su puesto a cualquier fiscal que esté acusado de un delito. Por lo que, García Ortíz tendrá que suspender a la Fiscal Jefe de Madrid, Pilar Rodríguez.

Pero aunque el García Ortiz también está imputado por el mismo motivo, la ley no obliga a suspenderlo a él. Así que, mientras él tendrá que suspender a su compañera, también podrá seguir trabajando como si nada.

La Fiscalía y el pacto con la pareja de Ayuso

El auto señala que el pasado 13 de marzo de 2024, concretamente a las 21:29 horas, el diario El Mundo publicó una noticia asegurando que la Fiscalía había ofrecido un pacto a la pareja de Ayuso para que admitiera dos delitos fiscales. Esta información generó un revuelo en la Fiscalía, que, según el auto judicial, "entró en una dinámica de frenético intercambio de comunicaciones" para preparar una respuesta y aclarar que, según ellos, no había existido tal oferta de pacto.

El juez Hurtado explica que, tras la publicación, el fiscal general contactó con la fiscal jefe de Madrid, Pilar Rodríguez, y le pidió que recabara todos los correos electrónicos intercambiados entre el fiscal encargado del caso, Julián Salto Torres, y el abogado de Alberto González Amador, novio de Ayuso. La intención era desmentir públicamente la información que circulaba en los medios y redes sociales.

Entre esos correos se encontraba uno especialmente sensible, fechado el 2 de febrero de 2024, en el que el abogado de González Amador proponía llegar a un acuerdo penal y reconocía la comisión de dos delitos contra la Hacienda Pública. El mensaje incluía detalles personales y la voluntad de resarcir el daño pagando la deuda a Hacienda, información que, según el juez, debía haber permanecido bajo estricta confidencialidad.

El auto judicial subraya que este tipo de comunicaciones entre abogados y fiscales están protegidas por el deber de reserva y confidencialidad, algo recogido en los protocolos de la Fiscalía General del Estado y el Consejo General de la Abogacía. "No es tolerable divulgación alguna a terceros sin autorización del interesado, cuya reputación bien pudiera verse perjudicada por esa revelación", señala el magistrado.

La investigación sostiene que, tras recibir los correos, Pilar Rodríguez los reenvió al correo personal del fiscal general, no al oficial, siguiendo sus instrucciones. Poco después, García Ortiz facilitó el contenido del correo a la cadena SER, que lo difundió en uno de sus programas la noche del 13 de marzo. La noticia fue ampliada en la web de la emisora minutos después, y se anunció que la Fiscalía de Madrid preparaba un comunicado oficial, detalla el auto.

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