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POR BUROFAX EL PASADO 23 DE AGOSTO

La familia Franco advierte a Sánchez: puede incurrir en un delito de prevaricación y usurpación de funciones y en otro de "profanación de sepultura"

La familia Franco no se rinde y persiste en su intención de no autorizar la exhumación del dictador en la víspera de que el Consejo de Ministros apruebe el acuerdo de incoación, que les dará 15 días para presentar alegaciones, en medio de la polémica por el futuro del Valle de los Caídos. Pedro Sánchez ha respondido a esta "amenaza" garantizando la exhumación.

La familia Franco ha advertido al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de que si sigue adelante con la exhumación de los restos del dictador, podría incurrir en un delito de prevaricación y usurpación de funciones, además de otro de "profanación de sepultura". Así figura en un comunicado que la Fundación Nacional Francisco Franco remitió, vía burofax, a la Presidencia del Gobierno el pasado 23 de agosto, en vísperas del último Consejo de Ministros que inició el procedimiento legal para la exhumación, según han confirmado la fundación y la familia Franco.

"Ponemos en su conocimiento por si se les hubiera pasado inadvertido, que dicha aprobación contraviene el artículo 86 de la Constitución por falta absoluta del presupuesto habilitante al no concurrir el requisito imperativo de la extraordinaria y urgente necesidad", advierte la notificación oficial remitida al Ejecutivo. Por ese motivo, la Fundación advierte de que la exhumación podría ser constitutiva "de un delito de prevaricación y usurpación de funciones, sin perjuicio de la posible comisión de un delito de profanación de sepultura ubicada en lugar de culto, inviolable, de acuerdo con el tratado internacional con la Santa Sede de 1979".

La familia de Franco advirtió de que agotaría los recursos legales a su alcance para impedir la exhumación en el Valle de los Caídos de los restos mortales del dictador. Lo hizo el mismo día en el que el BOE publicó el real decreto aprobado en el último Consejo de Ministros, que modifica la Ley de Memoria Histórica para establecer que el Valle de los Caídos será un "lugar de conmemoración, recuerdo y homenaje a las víctimas" de la Guerra Civil donde "solo podrán yacer los restos mortales" de los fallecidos en la contienda.

El texto declara "de urgente y excepcional interés público, así como de utilidad pública e interés social, la inmediata exhumación y el traslado de los restos mortales" del dictador. El Ejecutivo pondrá en marcha mañana el procedimiento para la exhumación, con la aprobación de un acuerdo de incoación, que designará un órgano instructor y dará 15 días a la familia para que puedan personarse y presentar las alegaciones, así como para comunicar el destino que deseen para los restos mortales de Franco.

En declaraciones a EFE, el presidente de la Fundación Nacional Francisco Franco y portavoz de la familia, Juan Chicharro, ha dicho que "la familia no se rinde. Todo sigue igual" y que las alegaciones y sus argumentos en contra de la decisión del Gobierno están siendo estudiadas por un gabinete jurídico de su confianza. La tramitación para desenterrar los restos de Franco se inició el viernes pasado con la aprobación por el Gobierno del real decreto que reformará la Ley de Memoria Histórica y que tiene que ser convalidado en el Congreso. El Congreso debatirá también el futuro del Valle de los Caídos, después de que el jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, haya reconocido que no podrá ser un centro de reconciliación sino que será un cementerio civil y haya anunciado la creación de una Comisión de la Verdad sobre los años de la Guerra Civil y del franquismo.

Es Patrimonio Nacional quien gestiona el Valle de los Caídos "de forma temporal" desde 1982 y fuentes de este organismo público han avanzado que el próximo lunes darán a conocer la cifra actualizada de visitantes, ya que se hace pública a mes vencido. Los últimos datos son de julio y revelan un incremento de casi el 50 % respecto al mismo mes del año anterior, al pasar de 25.532 visitantes en 2017 a los 38.269 de este año.

Respecto a la posibilidad de que el Valle de los Caídos se convierta en un cementerio civil, Chicharro ha asegurado que Sánchez "lo viene diciendo desde hace mucho tiempo" y le "da la impresión" de que lo que quiere es "quitar la cruz y el culto" y que se retire la comunidad benedictina de la basílica. "Es una añagaza -ha continuado- y lo que viene buscando en realidad es su desacralización, que es lo que persigue la extrema izquierda". En cuanto a la Comisión de la Verdad, ha subrayado que "la verdad es única y no se puede establecer por ley", lo que únicamente pasa en países como Corea del Norte o la antigua Unión Soviética y ha recomendado que se deje "en manos de los historiadores".

A partir del decreto que se aprueba este viernes y a lo largo de 15 días, la familia podrá comunicar el destino para enterrar los restos y, si no lo hiciera, será el Gobierno el que decida el lugar para una nueva inhumación, "asegurando una digna sepultura". Para ello, deberá solicitar la asignación del correspondiente título de derecho funerario al ayuntamiento donde vayan a ser enterrados, solicitar informe no vinculante al órgano competente de la comunidad autónoma en materia de sanidad mortuoria, para que sea emitido en el plazo máximo de un mes. Concluidas estas actuaciones, se volverá a dar un plazo de diez días a los interesados (incluida la familia) para que presenten alegaciones y, transcurrido este, el Consejo de Ministros, mediante "Acuerdo motivado" resolverá si procede la exhumación y el traslado de los restos y su destino.

Sánchez responde a la "amenaza" garantizando la exhumación

El jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, ha considerado que la Fundación Francisco Franco está planteando una "amenaza" a la Presidencia del Gobierno en caso de que prosiga con su intención de exhumar los restos del dictador y, frente a ella, ha garantizado que va a seguir adelante con sus planes. Sánchez ha expresado esa determinación en la conferencia de prensa que ha ofrecido en Bogotá junto al presidente de Colombia, Iván Duque.

Al preguntarle por el hecho de que la Fundación Francisco Franco advierta de que con esa exhumación, el Gobierno puede incurrir en un delito de prevaricación y usurpación de funciones, además de otro de "profanación de sepultura", Sánchez lo ha interpretado como una "suerte de amenaza". Una amenaza que cree dirigida a la Presidencia del Gobierno, que ha dicho que representa a millones de españoles.

"La determinación es firme, y mañana, en el Consejo de Ministros, se comenzará el expediente de exhumación del dictador porque entendemos que ninguna democracia puede tener ningún mausoleo que le rinda tributo", ha añadido. El presidente del Gobierno ha subrayado que la política española ha iniciado una nueva época con su llegada a la jefatura del Ejecutivo y, en ese contexto, cree que es fundamental mejorar la democracia y reorientar el pasado".

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