"NO SERÁ UN MEDIADOR"
El Gobierno acepta el "relator" que le pedía la Generalitat para certificar sus negociaciones
El gobierno niega que se necesite un mediador para fijar sus conversaciones con la Generalitat, pero sí admite que un "relator" pueda coordinar los contactos y dar fe de ellos.
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El Gobierno y la Generalitat acordaron mantener una serie de contactos bilaterales y promover una mesa de partidos, como los dos ámbitos en los que desarrollar su política de diálogo. Ahora, tras reclamarlo los independentistas, ha aceptado crear una nueva figura para coordinar esos encuentros.
Desde la Generalitat se habla de mediador, la vicepresidenta, Carmen Calvo, responde que "no, no hacen falta mediadores, ni para el Gobierno ni para el PSOE. Sí, acaso, alguien que pueda tomar nota, que pueda convocar, que pueda coordinar porque hay diferentes partidos, pero no hacen falta mediadores para estar dentro de la ley", "alguien que sea capaz de decir, nos convocamos, tomo nota de lo que vamos hablando, un poco la figura de lo que hace un relator en el Congreso, alguien que entiende lógicamente de política" y que no sea ajeno a la situación de Cataluña.
El vicesecretario de Organización del Partido Popular, Javier Maroto, ha acusado este martes de "traición" al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, después de que su Ejecutivo haya aceptado la figura de un mediador en la mesa de diálogo político con los partidos independentistas.
Preguntada si ésta es la clave para conseguir los votos de ERC y de PDCat a favor de los presupuestos, Calvo lo ha negado.
También en el Senado, pero durante el pleno, el ministro de Exteriores, Josep Borrell, ha insistido en lo que el llama la política para desinflamar Cataluña, por seguir con el símil ya utilizado del ibuprofeno, pero ha advertido que lo escuchado en las últimas horas -"derecho de secesión", libertad de presos provisionales- son "condiciones imposibles" que harían suspender el tratamiento.
Enseguida el Partido Popular ha respondido con un comunicado, bajo ninguna circunstancia "va a admitir o consentir que el gobierno de España sitúe mediadores entre el Estado de Derecho constitucional y el golpismo independentista".
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