Dos concejales del PSC reconocen presionar a una cadena hotelera para expulsar a los agentes de la Policía Nacional para el 1-O

Carme Aragonès, teniente de alcalde de Pineda de Mar en el año 2017 y Jordi Masnou todavía teniente de alcalde de la población han aceptado un año de cárcel y otro de inhabilitación por presionar a una cadena hotelera para que expulsase a los agentes de Policía Nacional que estuvieron alojados allí durante el 1-O.

Fiscalía pedía inicialmente 3 años de prisión para ellos acusándolos de coacciones. Este juicio sigue adelante porque también se sentaba en el banquillo el jefe de la policía local de Pineda de Mar que no se ha sumado al pacto que los concejales socialistas han alcanzado con el ministerio público a cambio de una rebaja de la condena.

Los dos tenientes de alcalde han reconocido los hechos que se especifican en el escrito de conclusiones de la Fiscalía que dicen que la noche del 2 de octubre de 2017 Aragonès, Masnou y el jefe de la policía local, Carles Santacreu, se presentaron de "forma irregular" en un hotel de la cadena Checkin de Pineda donde se alojaban agentes destinados a Cataluña por el 1-O. Pidieron entrevistarse con el director llegando a entrar en el despacho a quien emplazó a desalojar el contingente de policías nacionales alojados en dos hoteles de Pineda de la misma cadena.

Ante esta exigencia, el director del hotel puso a los responsables municipales al teléfono con el gerente de la cadena hotelera, ante quien Aragonès reiteró su exigencia, si bien el responsable se negó alegando que no había habido ningún problema con sus huéspedes, según el ministerio público.

Según la Fiscalía, tras esta conversación, el gerente de la cadena Checkin, "impulsado por el temor a que las anunciadas represalias fueran llevadas a cabo por parte de las autoridades municipales", decidió redactar una carta en que aseguraba que se veían "obligados", bajo la amenaza de cerrar sus hoteles durante 5 años, a desalojar al contingente policial antes de las 16.00 horas del día 3 de octubre.

El responsable de la cadena hotelera ha declarado confirmando que los acusados le avisaron de que "sabían" qué tenían que hacer para cerrarle el establecimiento, por un plazo de hasta 5 años. Los agentes fueron obligados a desalojar el hotel al día siguiente y no se les sirvió la cena en la víspera, haciéndoles llegar solo comida fría preparada en el cuartel de El Bruc.

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