Puigdemont
El Constitucional mantiene la orden de detención nacional contra Puigdemont
La defensa del líder independentista había solicitado suspender la orden y detención si regresaba a España.
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Este martes, el Tribunal Constitucional ha decidido mantener la orden de detención nacional contra el expresidente catalán Carles Puigdemont, quien continúa fuera de España desde 2017. Por lo que esta decisión frena, de nuevo, cualquier posibilidad de que el líder independentista pueda regresar al país sin ser arrestado.
La resolución también afecta a los exconsejeros Antoni Comín y Lluís Puig, que, al igual que el expresident, se encuentran fuera de España y habían pedido la suspensión de las órdenes emitidas por el juez del Supremo Pablo Llarena.
Según confirmaron fuentes jurídicas a la agencia EFE, el Pleno del Constitucional ha rechazado, por unanimidad, la medida cautelar solicitada por la defensa de Puigdemont para suspender su orden de búsqueda y detención mientras el tribunal estudia su recurso de amparo. Ese recurso impugna la decisión del Tribunal Supremo de no aplicarle la Ley de Amnistía, aprobada el año pasado.
Sin embargo, a Antena 3 Noticias aseguran que no ha habido unanimidad, y que uno de los diez magistrados emitirá un voto particular.
No pueden desautorizar al Supremo
La magistrada Laura Díez, encargada de redactar la ponencia, sostiene que el Constitucional no puede desautorizar al juez Llarena, ni adelantarse a una decisión de fondo sobre el recurso que está pendiente. Es decir, el tribunal ha preferido mantener la cautela hasta que se pronuncie definitivamente sobre el caso.
En el escrito presentado el pasado noviembre por la defensa de Puigdemont, alegaba que la constitucionalidad de la norma y el dictamen favorable del abogado general de la Unión Europea deben implicar el levantamiento inmediato de las medidas penales.
"La fase cautelar no puede convertirse en un instrumento para reabrir un debate constitucional ya cerrado", defendieron sus abogados, que consideran que mantener la orden de detención supone "un sacrificio innecesario e incompatible con los principios de proporcionalidad y mínima injerencia".
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