ETA
Conceden el tercer grado a dos terroristas de ETA no arrepentidos: "Decepcionado con el incumplimiento de la ley penitenciaria"
Son las primeras concesiones de tercer grado de la consejera socialista que, según la AVT, suman 66 desde que el País Vasco gestiona los centros penitenciarios de su comunidad.
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La consejera socialista de Justicia del País Vasco, María Jesús San José, ha concedido el tercer grado penitenciario a dos terroristas de ETA que, según las familias de las víctimas, no han mostrado arrepentimiento ni han pedido perdón por sus crímenes. Los familiares de las víctimas de terrorismo están indignados por las decisiones del partido socialista.
Los beneficiarios de esta medida son Luis Mariñelarena y Harriet Iragi, ambos condenados por graves delitos de terrorismo. Mariñelarena participó en el atentado que costó la vida al abogado y miembro del Parlamento Vasco del Partido Socialista, Fernando Buesa y a su escolta Jorge Díez en el año 2000. Por otra parte, Iragi, miembro del 'comando Andalucía', fue responsable de los asesinatos del concejal del Partido Popular, José María Martín Carpena, del coronel del Ejército del Aire, Antonio Muñoz, y del fiscal del Tribunal Superior de Andalucía, Luis Portero.
Las familias de las víctimas han expresado su indignación ante la decisión de la consejera socialista. Daniel Portero, hijo del fiscal asesinado Luis Portero, ha calificado la medida como "absolutamente arbitraria" y ha manifestado estar "absolutamente decepcionado con el incumplimiento de la ley general penitenciaria". Además, Mikel Buesa, hermano de Fernando Buesa, ha insistido en que "todavía le quedaban 8 años de condena", y que se trata de una cuestión de "cumplimiento estricto de la ley".
Para que un preso por terrorismo obtenga el tercer grado, debe cumplir dos condiciones fundamentales: pedir perdón y colaborar con la justicia. Según las familias de las víctimas, ni Mariñelarena e Iragi han cumplido ninguno de estos requisitos.
La decisión de la consejera San José contrasta con sus propias declaraciones del pasado mes de julio, cuando afirmó que trabajarían para que los presos de ETA salieran de prisión "admitiendo no solo el dolor, sino la profunda injusticia del daño causado".
El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha salido en defensa de la decisión, argumentando que "estas resoluciones en una democracia se dictan en parámetros de cumplimiento estricto de la ley". Sin embargo, tanto Daniel Portero como Mikel Buesa han acusado a Marlaska de mentir y de olvidar convenientemente la ley para satisfacer acuerdos políticos con los herederos de ETA.
66 etarras han obtenido el tercer grado
Estas concesiones de tercer grado se suman a una lista creciente desde que se cedió la competencia en prisiones al País Vasco hace tres años. Según datos del Observatorio de Política Penitenciaria de la Asociación de Víctimas del Terrorismo (AVT), desde que el Ejecutivo vasco gestiona las cárceles se han concedido terceros grados a 66 etarras, 41 libertades condicionales y 23 condenados por terrorismo han cumplido la totalidad de sus penas.
La asociación Covite, presidida por la activista y abogada Consuelo Ordóñez, ha expresado su "decepción total" con la nueva consejera socialista y ha denunciado estas "excarcelaciones encubiertas" de presos condenados por graves delitos de terrorismo. Covite subraya que los dos presos han cumplido con las directrices del colectivo de etarras de no arrepentirse y son aclamados por la izquierda abertzale en sus actos de apoyo.
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