Los tres exconsellers de la Generalitat, Toni Comín, Meritxell Serret y Lluís Puíg, que permanecen en Bélgica desde el 30 de octubre declararán este jueves ante un juez de instrucción tras la reactivación de las euroórdenes de detención y entrega, según ha confirmado su abogado belga, Paul Bekaert.

"Nos han informado. Tenemos que ir mañana al juez", avanzó este miércoles Bekaert, que ha confiado en que el juez de instrucción dicte este mismo jueves "las condiciones para la libertad". Antes de comparecer ante el juez de instrucción los tres exconsellers, acompañados de sus abogados pasarán por una comisaría de Policía, donde se les" notificará" la euroorden y se les informará de su "privación de libertad", han explicado fuentes judiciales.

"Es el procedimiento normal. Primero deben ser escuchados por la Policía, que les notifica la euroorden y les informa de su privación de libertad. Esto significa que no son libres para irse pero no que sean esposados y entren en prisión", han precisado las fuentes. Se trata del primer paso después de que el magistrado del Tribunal Supremo Pablo Llarena reactivase las órdenes europeas de detención a finales de marzo.

En concreto, el juez de instrucción deberá decidir en un plazo de 24 horas si procede dictar prisión para los implicados o decreta libertad con medidas cautelares mientras se resuelve el caso, como ya ocurrió en noviembre. Bekaert espera que se repita "el mismo escenario" que entonces, en el que los políticos catalanes tenían prohibido abandonar Bélgica sin permiso de las autoridades, tuvieron que comunicar un domicilio fijo y debían comparecer personalmente ante toda citación policial o de los jueces.

Tras la declaración ante el juez de instrucción, el caso pasará a la Cámara del Consejo, donde el juez tendrá un plazo de 15 días para determinar si la orden es ejecutable o no. En caso de que fuera recurrida, las partes podrían acudir primero al Tribunal de Apelación y posteriormente al Tribunal de Casación.

En los dos casos, la sala tiene 24 horas para decidir si admite a trámite el recurso y otros 15 días par tomar una decisión y concluir si la orden de extradición puede ser ejecutada o no. La legislación comunitaria sobre las euroórdenes prevé que la extradición de un ciudadano reclamado por otro Estado miembro se resuelva en 10 días si el afectado acepta la orden. No obstante, los plazos se alargan hasta los 60 días si las personas requeridas se niegan a la extradición. Este tiempo puede alargarse otros 30 días en casos excepcionales. Comín es el único de los tres exconsellers que siguen el Bélgica al que Llarena ha procesado por un delito de rebelión, al que se suma el de malversación. Serret y Puig, por su parte, han sido procesados por delitos de desobediencia y malversación.