El juez central de Vigilancia Penitenciaria, José Luis Castro, ha acordado la libertad condicional de los presos etarras Fernando de Luis Astarloa y José Manuel Fernández Pérez de Nanclares, clasificados en tercer grado penitenciario desde los meses de octubre y febrero, respectivamente.
Según los autos dictados hoy por el magistrado de la Audiencia Nacional, ambos reclusos han cumplido las tres cuartas partes de sus condenas, ha manifestado por escrito su renuncia a la violencia reconociendo el daño causado y pidiendo perdón a las víctimas y se han comprometido a hacer frente, "en la medida de sus posibilidades", a la responsabilidad civil.
Castro insta a Instituciones Penitenciarias a que estudie la "posibilidad y pertinencia" de que los reclusos participen en "programas de mediación o encuentros con las víctimas, de carácter voluntario, especialmente para las víctimas", en cuyo caso Prisiones deberá informar al juzgado del protocolo de actuación de dichas reuniones y el contenido de su seguimiento. El magistrado ha adoptado esta decisión después de recibir los informes favorables de la Fiscalía, que consideran que ambos reclusos cumplen todos los requisitos legales para obtener la libertad condicional, que les permite cumplir el resto de su condena fuera de la cárcel.
En ambos casos, el juez no ha accedido a la petición de la Fiscalía de que se les imponga la prohibición de establecer su domicilio en Bilbao al considerar que, en el caso de Astarloa, "ha fijado su proyecto de vida" fuera de la capital vizcaína, y que Pérez de Nanclares, preso en la cárcel de Basauri (Vizcaya), ha disfrutado de permisos "sin incidencia negativa de ningún tipo".
Castro impone a los dos presos la obligación de continuar con el abono de la responsabilidad civil, "aunque sean pagos mensuales fraccionados", y según han informado fuentes jurídicas, Pérez de Nanclares, al que le resta pendiente de pago 2.624,63 euros, ha aportado incluso una finca suya para hacer frente.
La decisión del juez se ha adoptado después de que el Ministerio del Interior haya anunciado la puesta en marcha de un programa integral dirigido a presos por delitos de terrorismo vinculados no sólo a ETA, sino también a los GRAPO y los grupos yihadistas e incluso el crimen organizado, para facilitar su reinserción y evitar su radicalización en las cárceles.
