La Audiencia Nacional abre diligencias contra Óscar Puente por el accidente de Adamuz

La presión política y judicial tras el accidente ferroviario de Adamuz, en el que murieron 45 personas, ha sumado este jueves un nuevo episodio. La Audiencia Nacional ha abierto diligencias previas tras recibir una denuncia contra el ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente. Se trata, según confirman fuentes jurídicas, de un trámite procesal ordinario que no supone una imputación ni la apertura automática de una investigación penal.

La denuncia fue presentada por la Asociación Libertad y Justicia y ha recaído en el Juzgado Central de Instrucción número 6. Como marca el procedimiento, el magistrado ha registrado el escrito y lo ha remitido al Ministerio Fiscal para que se pronuncie sobre dos cuestiones clave: si la Audiencia Nacional es competente para conocer del caso y si procede o no dar curso a la denuncia.

Qué significa abrir diligencias previas

La incoación de diligencias previas es el primer paso formal que da cualquier juzgado cuando recibe una denuncia penal. Este acto permite asignar un número de procedimiento y adoptar decisiones iniciales, pero no implica que el juez haya valorado el fondo del asunto ni que existan indicios suficientes de delito.

Desde el punto de vista jurídico, abrir diligencias no equivale a investigar. Tampoco conlleva la práctica automática de pruebas ni la citación de personas en calidad de investigadas. Es un requisito técnico imprescindible para que el órgano judicial pueda analizar si debe archivar el asunto, inhibirse o trasladarlo a otro tribunal.

En este caso concreto, el juez no ha ordenado ninguna diligencia de investigación ni ha efectuado una valoración sobre los hechos relacionados con el siniestro de Adamuz. Su actuación se ha limitado a activar el cauce legal habitual y solicitar el informe de la Fiscalía.

El aforamiento del ministro, clave

Uno de los elementos centrales del análisis será el aforamiento del ministro. Los miembros del Gobierno solo pueden ser investigados penalmente por el Tribunal Supremo, lo que obliga a cualquier juzgado ordinario que reciba una denuncia contra ellos a examinar previamente su competencia.

Por este motivo, la Fiscalía deberá determinar si la Audiencia Nacional puede asumir la causa o si, por el contrario, procede su archivo o su remisión al Supremo. Hasta que ese informe no se emita y el juez adopte una resolución posterior, no existe una investigación penal abierta en sentido estricto contra el titular de Transportes.

La actuación de la Audiencia Nacional coincide en el tiempo con la investigación que se sigue en un juzgado de Montoro (Córdoba), que sí está practicando diligencias relacionadas directamente con el accidente ferroviario. Ambos procedimientos son independientes y no guardan, por el momento, conexión procesal.

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