Las asociaciones de fiscales piden la dimisión de Álvaro García Ortiz tras ser procesado: "La situación es insostenible"

El procesamiento del fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, por un presunto delito de revelación de secretos ha provocado un terremoto institucional. La decisión del magistrado del Tribunal Supremo, Ángel Hurtado, ha llevado a dos de las principales asociaciones de fiscales a exigir su dimisión inmediata. Sin embargo, otra asociación, la Unión Progresista de Fiscales (UPF), ha salido en su defensa, denunciando un ataque sin precedentes.

El auto judicial, de 51 páginas, sostiene que hay indicios suficientes para juzgar a García Ortiz por un delito tipificado en el artículo 417 del Código Penal, que castiga con hasta cuatro años de prisión y cinco de inhabilitación a los funcionarios públicos que revelen secretos sin autorización. La jefa de la Fiscalía Provincial de Madrid, Pilar Rodríguez, también ha sido procesada en la misma causa.

Ante esta situación, la portavoz de la Asociación de Fiscales (AF), Cristina Dexeus, ha calificado el escenario de "insostenible". “Es una causa absoluta de sonrojo y de vergüenza", ha afirmado en declaraciones a Europa Press. Según Dexeus, mantener al fiscal general en su puesto tras ser procesado supone un grave daño reputacional para toda la institución.

Además, ha advertido de una paradoja institucional: si García Ortiz no dimite, se vería obligado como fiscal general a suspender a su propia subordinada, también procesada, algo que califica de "disparate jurídico y ético".

Desde la Asociación Profesional e Independiente de Fiscales (APIF), su portavoz Miguel Pallarés ha insistido en que García Ortiz debió dimitir cuando fue imputado. "Ahora que ya ha sido procesado, lo lógico y responsable sería que presentara su renuncia voluntaria", ha señalado. APIF ya pidió su dimisión cuando se abrió la investigación, y su negativa entonces motivó que se personaran como acusación en la causa.

UPF defiende al fiscal general

Frente a estas exigencias de dimisión, la Unión Progresista de Fiscales (UPF) ha cerrado filas con García Ortiz. En un comunicado oficial, la UPF ha asegurado que el fiscal general está siendo víctima de un "ataque sin precedentes en democracia". Según la organización, la decisión judicial está “deformada interesadamente” y responde a una campaña para desprestigiar a quien considera un servidor público íntegro.

"La resistencia del fiscal general no es la de alguien aferrado al cargo, sino la de alguien que defiende la institución", afirma la nota. Para la UPF, Álvaro García Ortiz representa "el último dique de contención" frente a lo que consideran un "desatino de consecuencias gravísimas".

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