El Congreso de los Diputados ha aprobado con amplia mayoría las nuevas recomendaciones del Pacto de Toledo, que servirán de orientación para la reforma del sistema público de pensiones. Se busca con estas propuestas garantizar su sostenibilidad y que revalorizar de nuevo la pensión con el IPC. El Pleno del Congreso ha rechazado además los 19 votos particulares que habían registrado siete formaciones y que en su mayoría procedían de ERC y EH Bildu.
La propuesta ha salido adelante con 262 votos a favor, 2 en contra y 78 abstenciones.
Previamente, en la comisión, las nuevas recomendaciones se aprobaron con los votos del PSOE, el PP, Unidas Podemos, Ciudadanos, Junts, el PNV y Coalición Canaria, mientras que Esquerra Republicana y EH-Bildu optaron por abstenerse. Únicamente Vox votó en contra. El PP y Ciudadanos han presentado modificaciones al dedicado a los planes de pensiones privados, la formación 'naranja' otro para fomentar la jubilación activa, y ERC y Bildu enmiendas a más de la mitad de las recomendaciones.
Cuatro años de negociaciones
El acuerdo en el Pacto de Toledo pone fin a un camino iniciado en otoño de 2016, hace dos legislaturas, cuando bajo la presidencia de la 'popular' Celia Villalobos en la Comisión el Congreso inició el proceso para renovar las recomendaciones hacia una nueva reforma de pensiones que garantizara la sostenibilidad del sistema.
Las principales recomendaciones para la reforma
- El nuevo texto, además de la recomendación general de sostenibilidad, incluye una recomendación 'cero' con los principios básicos para el sistema público de pensiones, subrayando la oposición del Pacto de Toledo a una "transformación radical" del sistema que rompa con sus principios, como los de solidaridad, suficiencia o equidad, según el texto pactado por la Comisión.
- Asimismo, señala que la financiación del sistema debe adaptarse a la protección del mismo, por lo que las cotizaciones sociales, aun manteniéndose como "fuente básica" de ingresos, deben acompañarse con otras vías para asegurar la sostenibilidad del sistema y la suficiencia de las pensiones.
- Entre las principales aportaciones del nuevo Pacto está la recuperación del IPC como referencia para las revalorizaciones anuales de las pensiones, consenso logrado y conservado en la última legislatura hábil.
- Un plan de saneamiento de las cuentas. Consiste en sacar del sistema una serie de gastos detectados como impropios para, en un plazo marcado hasta 2023, empezar a asumir toda esta factura desde los Presupuestos Generales del Estado, y no desde las cuentas de la Seguridad Social, una medida ya comprometida por el Gobierno para las cuentas públicas de 2021.
- Las recomendaciones aluden a la propuesta del Tribunal de Cuentas para abandonar los préstamos desde la Administración central y sustituirlo por transferencias y así no aumentar la deuda del sistema.
- Respecto al cálculo de la pensión, el Pacto asume la ampliación marcada por la reforma llevada a cabo en 2011 para el número de años necesarios para calcular la pensión -hasta 25 años en 2022-, pero apuesta por la elección de los mejores años con el fin de evitar lagunas de cotización que afectaran a la cuantía de la pensión. - Respalda medidas para hacer la edad efectiva de jubilación a la edad legal.
- También recoge la preocupación de los recortes a la jubilación anticipada forzosa con largas carreras de cotización. En este caso, el Pacto de Toledo emplaza al Gobierno a evaluar qué colectivos podrían beneficiarse de excepciones en estas penalizaciones, y a presentar al Pacto de Toledo sus propuestas para aquellos para supuestos de inequidad, mirando precisamente las circunstancias en las que se dieron las prejubilaciones y la extensión de sus carreras de cotización. Esta es una de las reivindicaciones trasladadas en los últimos meses por colectivos como la asociación Asjubi40, que critica estas penalizaciones sufridas por personas que se vieron empujadas a jubilarse de forma anticipada durante la crisis, después de haber acumulado largas carreras.
- Respecto a los planes complementarios de pensiones, el Pacto de Toledo hace una apuesta por los planes de empresas, llamando a favorecer este tipo de mecanismos en el ámbito de la negociación colectiva, y proponiendo mejoras fiscales y legales para este tipo de sistemas.
- La Comisión también reconoce, en una recomendación sobre la digitalización de la economía, la necesidad de afrontar los efectos de los cambios tecnológicos y su impacto en el empleo y en los ingresos del sistema público de pensiones, planteando la necesidad de "encontrar mecanismos innovadores que contemplen la financiación de la Seguridad Social, más allá de las cotizaciones sociales".
¿Qué pasará ahora?
Estas recomendaciones tendrán que volver a ser revisadas dentro de cinco años y deberán ser la guía de la futura reforma de las pensiones. La exministra de Trabajo, Magdalena Valerio, que ha intervenido en defensa de las recomendaciones, ha afirmado que sólo con el consenso político y social podrán hacerse medidas eficaces para afrontar los desafíos.
